El gasto público no depende directamente de los jefes de las carteras del Estado, pero sí se relaciona con las personas que colocan como sus representantes desde abajo. La inversión pública se mueve en niveles históricamente bajos y el Plan Anual de Inversiones 2025 apenas roza el 42 % de ejecución. Pero esto no es un hecho aislado, pues desde el 2017 se ha venido presentando mayoritariamente, por ejemplo la política de ajuste redujo la ejecución global del presupuesto hasta alrededor del 85 % en 2020, normalizando la idea de que una parte del plan fiscal nunca se cumple. Luego la subejecución del gasto, tomó un tinte de ahorro forzado, para cumplir obligaciones del año siguiente.

En salud, por ejemplo, se ha venido registrando ejecuciones bajas durante los 8 últimos años, con hospitales que esperan medicinas, insumos y personal, mientras los pacientes pagan el precio en demoras, derivaciones y tratamientos incompletos. En territorio, la lenta ejecución de obras se traduce en carreteras sin terminar, sistemas de agua a medias, escuelas improvisadas. El frente de las empresas públicas agrava el cuadro, en 2022 generaron ingresos por $ 20.934 millones, pero el 86 % dependió solo de Petroecuador, Celec y Flopec, razón por las que se buscó optimizar las demás. Las causas se combinan, y se deben a una mala planificación, rotación eterna de autoridades, trámites que castigan al que decide rápido, controles que paralizan, pero no siempre evitan la corrupción, y ahora, además, una reducción del aparato estatal que muchas veces elimina a quienes tienen las capacidades para gestionar política pública.

En empresas públicas, los mandos medios y bajos apenas han ejecutado alrededor del 30 % de su presupuesto. No es un dato administrativo, pues cuando se trata de áreas técnicas, esa subejecución significa no dar mantenimiento a equipos industriales, acortar su vida útil y, en pocos años, volverlos inservibles. El país perderá ingresos no por falta de recursos, sino por incapacidad de gestionarlos a tiempo. A esto se suma una práctica corrosiva, pues pese a los controles del Sercop, muchos procesos se adjudican “a dedo”. Si la empresa favorita no gana, el proceso se cae y se vuelve a empezar. Así, la contratación deja de servir al interés público y se convierte en un mecanismo de bloqueo. Lo más grave es que estas decisiones ocurren sin conocimiento de autoridades superiores, o con su silencio cómplice al mantener a estos funcionarios, impidiendo corregir fallas y repitiendo el daño año tras año.

Perú cerró el 2024 con un récord histórico de inversión pública, superando en 16 % la ejecutada en 2023 gracias a una gestión más agresiva de proyectos. Uruguay, por su parte, muestra niveles de ejecución cercanos al 100 % en varias líneas de su presupuesto, consolidando una cultura de lo que se aprueba, se hace. Ecuador tiene recursos limitados, pero sobre todo tiene un problema de voluntad y capacidad de mandos medios para convertir números en obras y derechos. Mientras la ejecución siga siendo baja, el presupuesto será un catálogo de buenas intenciones, y el país, un laboratorio de frustraciones. (O)