En nuestra cada vez más putrefacta política, en todos los órdenes de la administración pública, encontramos casos comprendidos en alguno de los señalados en el título.
Lo bueno: La incorporación del Ecuador al Ciadi. La Corte Constitucional dictaminó que el Tratado de incorporación a este sistema internacional de solución de controversias entre el Estado e inversionistas privados de otras nacionalidades no necesita de aprobación de la Asamblea Nacional. He sostenido que no se puede considerar al Ciadi como jurisdicción extranjera, porque es parte del Banco Mundial, del cual el Ecuador es, a su vez, parte, junto con más de 190 países.
Lo malo: Que la ministra de Educación, muy oronda, nos anuncie que está en conversaciones con el embajador de Bielorrusia para una cooperación en materia educativa. Una cooperación con “el último dictador de Europa”, cuya última actuación fue como pirata aéreo, por lo que está recibiendo drásticas sanciones de la Unión Europea, sería nocivo para el Ecuador, y borraría con el codo lo escrito con la mano en la adhesión al Ciadi. En lugar de suprimir lo dicho en las redes sociales, lo que la ministra debe hacer es admitir su error y pedir disculpas.
Lo feo: Son tantas cosas, empecemos por la confesión del procurador del Estado, ante la Asamblea Nacional, en el caso Celi, antes de la renuncia de este a la Contraloría, que “la solución a este problema rebasa lo estrictamente jurídico” y “que no hay una norma que nos permita solucionar esta situación”. Afirma el procurador que no hay normas, leyes, y proclama ante al mundo entero que el Ecuador es un Estado anárquico. Propone, luego, una mezcolanza de autoridades para solucionar el asunto. Ahora que Celi ha renunciado, no hay nada que consultarle más adelante al procurador. Luego de estas afirmaciones, el señor Celi, desde su celda, se apiada de la ciudadanía y presenta su renuncia ante el órgano nominador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es esta autoridad nominadora la que debe asumir la responsabilidad de designar su reemplazo; para ello debe designar un contralor encargado por el tiempo que le tome la designación del titular.
El doctor Camilo Ponce, catedrático de Derecho Constitucional, cuando ministro de Gobierno formuló la doctrina de “Las facultades implícitas”. Esas son las que tiene la autoridad nominadora, el Consejo de Participación Ciudadana, para que no se produzcan vacíos de poder, esto es, anarquía. Esa es la competencia del Consejo, y debe ejercerla con exclusividad, sin que nadie más pueda intervenir.
El señor Celi ha renunciado al cargo, pero demanda –con razón– ejercer presencialmente su derecho a la defensa ante la Asamblea Nacional, en el juicio político al que fue llamado mientras ejercía sus funciones desde su singular despacho. Así como él tiene el derecho a su defensa, la ciudadanía tiene el derecho de escucharlo, y conocer en algo, al menos, la insondable inmundicia de las glosas; que se elabore la lista de los favorecidos del negocio. Decía que Celi, con su renuncia, se ha apiadado del Ecuador; ojalá esta actitud incentive al exalcalde de Quito, antes de que el pueblo lo eche. (O)
