Los españoles las llaman “leyes espectáculo”. Se trata de normas que los órganos legislativos aprueban con el único objetivo de generar la sensación de que se están atendiendo las demandas de la opinión pública. En realidad, no tienen mayor contenido. Son pura forma y nada de fondo. Se enfocan en crear la fachada de que se está trabajando, más que en dar soluciones. Sirven para espectáculo, pero no para la vida real.
¿Qué tal la “Ley no más apagones”? Ley espectáculo. Tres meses después de su aprobación, los ecuatorianos sufrimos cortes de energía de hasta catorce horas al día.
¿Y la “Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo”? Ley espectáculo. Se aprobó en 2023, pero las cifras de empleo formal hoy no están nada mejor.
¿Qué decir de la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar”? Ley espectáculo. Se aprobó hace dos años y no ha tenido resultados.
El Gobierno ha dado en el clavo con los dos proyectos de ley que ha presentado recientemente a la Asamblea Nacional. Se trata de dos temas vitales para el futuro del país.
Para empezar, el gran problema de la seguridad. Tenemos un sistema jurídico de garantismo penal que ampara a los delincuentes y vuelve muy difícil el trabajo de las fuerzas del orden. Se necesitan reformas al sistema judicial para que los fiscales y los jueces puedan obrar sin presiones. Se requieren reformas a las atribuciones y responsabilidades de los militares y policías para que puedan hacer su trabajo sin miedo. Y se precisan reformas que permitan confiscar los bienes que sirven para financiar las actividades ilícitas o para lavar el dinero que proviene de delitos.
Luego está el escabroso tema de la contratación pública. Tenemos un sistema lento, engorroso y corrupto, por donde se transan ocho mil millones de dólares del Estado que no terminan donde deberían. Se necesitan reformas legales que hagan más transparentes los procesos. Se requieren reformas a la ley que hagan sentir seguro al inversor nacional o extranjero que contrata con el Estado o sus empresas. Y se precisan reglas claras para que los funcionarios públicos no tengan miedo de celebrar contratos que van a ser provechosos para el país.
Los proyectos de ley presentados por el Gobierno se refieren a estos grandes problemas. Pero la amenaza es que tanto el proyecto de Ley Contra la Economía Criminal, como el proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública terminen convirtiéndose en leyes espectáculo.
No parece una buena estrategia poner a un ministro o funcionario público trasnochado a redactar leyes a la rápida. Los proyectos de ley en temas tan importantes deberían ser el producto de largos meses de sesiones y contar con el aporte de expertos nacionales e internacionales. Es cierto que el país tiene urgencias. Pero crear leyes con nombres rimbombantes solo para justificar ante la opinión pública que se está trabajando no es la solución a nada. Se requieren leyes bien pensadas. No más leyes espectáculo. (O)
