Las Fuerzas Armadas tienen su preparación, entrenamiento, equipo y armamento, siempre están listas para cumplir misiones específicas claramente señaladas en la Constitución (la defensa de la soberanía y la integridad territorial). Dadas las circunstancias que vive el país, y una vez que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno, las FF. AA. deben cumplir ineludiblemente actividades policiales (control delincuencial, narcotráfico y seguridad en las cárceles) en estas operaciones corren el riesgo de ser contaminadas y de cometer excesos que minan el bien ganado prestigio que mantienen.
La seguridad de un Estado se sustenta fundamentalmente en la fortaleza de su poder nacional (conjunto de recursos espirituales, intelectuales y materiales de los que dispone un Estado para su subsistencia y progreso) y en la capacidad de su fuerza pública (FF. AA. y Policía Nacional) para proteger y defender eficazmente al país en el ámbito interno y externo. El debilitamiento del poder nacional y de su fuerza pública, afecta gravemente la seguridad del Estado a corto, mediano y largo plazo
Hay que recordar las advertencias hechas por las FF. AA. en 2006 y que constan en el Libro Blanco, documento que lo ignoraron deliberadamente Correa y sus ministros de Defensa: “En la actualidad, las amenazas a la seguridad más significativas son aquellas que se derivan del riesgo de extensión de situaciones de violencia más allá de las fronteras, con acciones de fuerza provenientes de grupos ilegales armados; y, con diverso grado de incidencia, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el crimen organizado transnacional y el terrorismo”.
Correa en forma reiterada señaló: “Si ya firmamos la paz con el Perú se debe disminuir el número de militares y el servicio militar debe ser voluntario y debe durar de dos a tres meses”. A pesar de que a los militares en servicio activo se les prohíbe desempeñar empleos o funciones públicas ajenas a su actividad profesional militar, a la Marina se le hizo cargo de Petroecuador; además, con el silencio cómplice de algunos de los mandos de aquel entonces, los militares fueron utilizados en desalojo de invasiones, control de bares y cantinas, control de contrabando, de cachinerías, destrucción de maquinaria de la minería ilegal, de seguridad de los fedatarios del SRI y hasta trabajos de fumigación.
Las misiones de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a más de las constitucionales, son: apoyo en desastres naturales y accidentes (búsqueda, rescate, remoción de escombros y evacuación de personas); apoyo logístico de emergencia: distribución de alimentos y suministros esenciales; control de armas, municiones y explosivos; lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y la minería ilegal; control de incendios de bosques, protección de recursos estratégicos (instalaciones y ductos petroleros), seguridad fronteriza; custodia y transporte de material electoral (papeletas, kits); en las elecciones: seguridad en centros de votación; construcción de infraestructura básica en situación de emergencia (vías, puentes, suministro de agua, energía), participación en misiones de paz y, ahora, directores de hospitales. (O)
