El paro de la transportación de crudo es un grave problema para el país, pero no cabe alegar que sea una sorpresa. La amenaza de deslaves en la zona de la erosión regresiva del río Cocoa ha sido una constante desde hace cinco años. Tanto así que desde entonces se han producido 27 variantes del trazo de los oleoductos, SOTE y OCP, así como del poliducto Shushufindi-Quito.
A finales de 2021 ya se produjo una paralización total durante tres semanas que significó ingentes pérdidas y que ahora se repite, con la buena noticia de que el OCP reanudó su bombeo este lunes.
Desde hace mucho tiempo es conocido que tiene que construirse la variante del trazo de las tuberías cruzando el río hacia la margen derecha que es más estable geológicamente, pero el proyecto no ha avanzado con la urgencia requerida. En 2022 Petroecuador (PEC) tuvo acercamientos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y un puñado de empresas interesadas, que incluso ofrecían financiar la variante de 40 kilómetros a un costo de $ 250 millones, aunque jamás se concretó debido a la falta de continuidad de gestión en la empresa estatal.
En algún momento se comentó que se necesitaba contratar un estudio definitivo, pero resultó que ya había otros tres olvidados en archivos polvorientos.
Se promovió la idea de que al estar próxima a vencer la concesión del OCP a un corporativo privado por 20 años, se la podía renovar con la condición de que invierta en la construcción de la variante de los tres ductos que se amortizaría con el pago de una tasa por transporte, a más de seguir con la operación del OCP otros diez años.
La negociación con el grupo argentino Pampa avanzaba con expectativas optimistas cuando en octubre pasado la negociación se cayó y el Gobierno decidió que el oleoducto debía volver a manos del Estado. Con buen criterio se resolvió mantener OCP con una estructura de sociedad anónima, administrada de forma independiente a Petroecuador evitando su contagio burocrático.
La disposición fue que esta entidad autónoma se ocupe de llevar adelante la nueva concesión, incluyendo la construcción de la variante, para cuyo propósito se contrató a una auditora de prestigio global a fin de elaborar los términos de referencia (TDR). Se suponía que estarían listos en mayo para proceder de inmediato a una licitación internacional, antes de la adjudicación. Pero promediando julio el proceso se encuentra demorado sin que se hayan hecho públicos aún los TDR.
Con una capacidad de acumular reservas en tanques durante apenas seis días, resulta inevitable paralizar la producción de muchos pozos, ocasionando una pérdida que podría ser dos veces mayor que el costo mismo de la variante. Si en 2021 no se aprendió la lección, después de cuatro años de suspenso, es momento de hacerlo, sin más demora. Y resolver no solo la concesión de OCP, sino todo el sistema de transportación de PEC. Al SOTE toca hacerle una renovación integral de bombas, tuberías y reductores de presión después de más de medio siglo de operación y PEC, sencillamente, no dispone de los recursos para hacerlo. (O)
