La política fiscal no es neutra al género. Las decisiones sobre la intencionalidad, la magnitud y la orientación del gasto público generan efectos diferenciados en mujeres y hombres. Cuando esos recursos se ajustan, el costo no desaparece: suele trasladarse a los hogares y, de manera particular, al trabajo no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres.
Por esta razón, la discusión sobre la priorización de recursos del Gobierno central y su asignación a los gobiernos locales no es únicamente un debate fiscal. Es, sobre todo, una conversación sobre el modelo de desarrollo, sobre qué se entiende por inversión pública y sobre la capacidad del Estado para proteger a las personas –en especial a las mujeres– en contextos de restricción presupuestaria.
En Ecuador, el financiamiento orientado a la igualdad de género continúa siendo limitado, con desafíos en términos de estabilidad y articulación. Una parte importante de las respuestas a las desigualdades de género se sostiene a través de proyectos, convenios interinstitucionales y cooperación internacional, más que mediante asignaciones públicas permanentes, trazables y protegidas.
Las restricciones fiscales impactan más en las mujeres y no se limitan al acceso a servicios; cuando el financiamiento se reduce, el trabajo de cuidado no remunerado –que en Ecuador equivale aproximadamente a una quinta parte del PIB– absorbe una mayor carga, afectando el tiempo disponible de las mujeres, su autonomía económica y, en conjunto, la productividad de la economía.
Cerrar las brechas de género requiere recursos públicos suficientes y sostenidos; se trata de una inversión en capacidades humanas, productividad, cohesión social y desarrollo territorial a largo plazo.
Priorizar, planificar y fortalecer la calidad de la inversión social en los territorios permite responder de manera más cercana a las necesidades de la población, que no solo se expresan en requerimientos de obra física y equipamiento, sino también en necesidades de atención a la violencia, el cuidado infantil, la protección de la niñez y la salud.
Las consecuencias de reducir estos servicios son conocidas: menor cobertura para mujeres en situación de violencia, menor acceso a servicios de cuidado y salud preventiva, mayor sobrecarga de trabajo no remunerado y ampliación de brechas territoriales, especialmente en zonas rurales, indígenas y dispersas, dejando desatendidas a las personas más vulnerables.
Entonces, es imperativo fortalecer y proteger la inversión social en todos los niveles de gobierno, entendida como aquella que pone en el centro la protección de la vida y el desarrollo de las capacidades humanas.
Finalmente, la sostenibilidad fiscal y la igualdad de género no son agendas contrapuestas, se refuerzan mutuamente como pilares del desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente. La economía, el Estado y la sociedad reciben de las mujeres una contribución que supera lo que hoy se destina a su bienestar y su protección. Avanzar hacia una distribución más justa es una condición necesaria para el progreso del país y el fortalecimiento del pacto social. (O)
