Culminó el llamado “paro nacional”, que en realidad se limitó a la provincia de Imbabura, con base en el cantón Otavalo, y a unos pocos puntos aislados en Pichincha, Carchi y Azuay. Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el 22 de octubre, mediante un video en redes sociales, el fin de las protestas “pacíficas” que mantuvieron en zozobra al país durante 31 días, en los que se bloquearon vías, impidiéndose el libre tránsito; destruyeron neumáticos, incendiaron vehículos, hasta un destacamento policial; se atacó a la ciudadanía, incluso a la caravana presidencial. Otavalo, otrora cantón pacífico, laborioso y turístico, fue convertido en un reducto de violencia y caos.
Las pérdidas fueron millonarias. Según la Cámara de Comercio de Ibarra, Imbabura perdió cerca de 70 millones de dólares y unas 20.000 plazas de trabajo están en riesgo. En Carchi, los gremios productivos estiman perjuicios superiores a 32 millones, mientras que el sector florícola de Imbabura y Pichincha reporta pérdidas por 26 millones. Ante ello, el presidente Daniel Noboa anunció un plan de reactivación por 50 millones para la provincia más afectada.
El paro, convocado sin diálogo previo ni presentación formal de demandas, tuvo claros matices políticos. Su vinculación con actores de la minería ilegal y la presencia de intereses partidistas evidencian que no fue una protesta social, sino un intento de desestabilización. La exigencia inicial –la derogatoria de la eliminación del subsidio al diésel– carecía de sustento: ese subsidio beneficia sobre todo al contrabando, al narcotráfico y a la minería ilegal. Acertó el Gobierno al no ceder ante el chantaje. Cuando sus promotores comprendieron que la presión no surtía efecto, cambiaron el libreto y pidieron aumentos salariales desproporcionados, suspensión de la explotación petrolera y minera, y amnistía para los responsables de los disturbios, daños y agresiones.
No faltaron voces que pedían “dialogar” con quienes violaban la ley, confundiendo gobernar con ceder. El Gobierno actuó con firmeza, preservando el principio de autoridad. El país entero pudo ver quiénes estaban detrás del paro y quiénes actuaban como apologistas o cómplices. La ciudadanía ha madurado: ya no se deja engañar por quienes, disfrazados de protesta, buscan sembrar el caos. A los lobos se les ha caído la piel de oveja, a los supuestos diablos huma se les han caído los cuernos y máscaras, y ha quedado demostrado que los zorros pierden el pelo, pero no las mañas.
Esta paralización ilegal y agresiva se ha convertido en la mejor campaña por el sí en la próxima consulta popular y plebiscito. Ha recordado al Ecuador la urgencia de superar la Constitución de Montecristi y construir un nuevo marco institucional que devuelva la paz, la justicia y la legalidad al país. Ha llegado la hora de que los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los privilegios de quienes hacen del desorden y corrupción su modus operandi. Por eso, en noviembre, el voto debe ser sí en todas las preguntas, como un acto de defensa nacional frente a la violencia y la impunidad. (O)
