En el entramado institucional de un Estado moderno, el rol del procurador general del Estado tiene un peso decisivo y transversal. En el caso ecuatoriano, no solo tiene entre sus funciones asesorar al Estado en todos sus estamentos, a través de consultas o dictámenes, sino que es el encargado de representar al Estado en instancias judiciales, arbitrales y administrativas internacionales.

En un mundo globalizado, en el que los Estados interactúan constantemente con empresas transnacionales, organismos multilaterales y otros países, los conflictos jurídicos internacionales son inevitables.

En este escenario, el procurador asume la representación y defensa del Ecuador ante demandas multimillonarias que pueden afectar profundamente las finanzas públicas.

Durante la última década, al menos, la tónica general ha sido que el Ecuador pierda la mayoría de los arbitrajes y litigios internacionales. Ello ha generado un precedente muy negativo, pues proyecta la imagen de un país que no cumple sus compromisos y obligaciones legales, debilitando así la confianza del inversionista extranjero y generando inseguridad jurídica. Además, las derrotas judiciales y/o arbitrales internacionales han significado el pago de cientos de millones de dólares en indemnizaciones y reparaciones; recursos que podrían haberse destinado a políticas sociales o de desarrollo.

Sin embargo, desde que el doctor Juan Carlos Larrea asumió la Procuraduría General del Estado hace ya tres años, esa tendencia de derrotas se ha revertido de manera significativa.

En este lapso de tiempo, los resultados han sido distintos, pues ya son varios los procesos litigiosos internacionales que han concluido con victorias para el Ecuador en unos casos, y en otros, se han obtenido resultados muy alentadores, en los que el país ha debido pagar valores mínimos en comparación con las exorbitantes pretensiones de los demandantes.

Un ejemplo de esta nueva etapa fue la brillante defensa del Estado ecuatoriano en su litigio con el mexicano por el caso Glas. La actuación y representación fue firme, técnica y profesional, demostrando que con liderazgo, preparación y responsabilidad se pueden defender los intereses del país con dignidad y eficacia.

Esta columna busca reconocer esa gestión y, al mismo tiempo, llamar la atención de la clase política. Los funcionarios públicos deben ser plenamente conscientes de las consecuencias de sus actos. Cuando un Gobierno o autoridad decide incumplir contratos o violentar derechos de inversionistas extranjeros, tarde o temprano llegan las demandas internacionales. Y los abogados del Estado, por más capaces que sean, no pueden hacer milagros si las acciones del propio Estado son indefendibles. El Ecuador atraviesa un momento de fragilidad fiscal, con serias dificultades para cumplir con sus obligaciones básicas; por ello, lo último que necesita es seguir pagando millonarias indemnizaciones producto de la irresponsabilidad de decisiones políticas arbitrarias.

Ojalá esta nueva generación de políticos hagan conciencia, y así como el actual procurador ha cambiado la tendencia de derrotas, estos respeten los contratos y manden un mensaje de seguridad jurídica al mundo. (O)