La Cámara Ecuatoriana del Libro no es una entidad del Estado sino una asociación gremial que reúne a profesionales del ámbito de la edición, libreros y otras asociaciones culturales. Está profundamente preocupada por mejorar la situación editorial en el país. Acaba de realizar un trabajo de recopilación de las estadísticas sobre el libro en el Ecuador correspondientes al año 2024. Se presentaron la semana pasada en la Biblioteca Nacional, en Quito. Lo más destacado: en 2020 se registraron 4.349 títulos de libros, con un total de 2’608.015 de ejemplares impresos, y en 2024 estos aumentaron a 7.616 títulos, con un total de 19’455.773 impresiones. Las ediciones digitales aumentan pero no significativamente: los libros impresos ocupan el 48 %, el digital el 54,88 % y el audiolibro 0,12 %. Pichincha tiene en 2024 la mayor producción editorial (4.213 títulos), a continuación -en un porcentaje gravemente menor- Guayas (1100), Azuay (415), Loja (341), Manabí (286), y de ahí pasamos a las provincias con menos publicaciones: Pastaza (5 títulos), Napo (5), Morona Santiago (2), Zamora Chinchipe (1). Pero el dato que más llama la atención es el papel preponderante del Estado ecuatoriano en el ámbito editorial, que de ese total de 19 millones de ejemplares, invierte en 15 millones de ejemplares. Es decir, el Estado cubre el 80% de la producción editorial. Es el que más produce libros. La tragedia es que no hay donde consultarlos.

En el evento de presentación de los datos estadísticos se realizaron varios foros con distintos actores en el mundo del libro, desde escritores, editoriales, libreros y distribuidores. Lo más destacado fue señalar la crisis de las bibliotecas en el Ecuador. Se evidenció que en los últimos años se ha producido un fracaso por parte del Estado ecuatoriano para atenderlas, desde la drástica desaparición del Sistema Nacional de Bibliotecas. Botones de muestra del despropósito: horarios de consulta imposibles para los estudiantes, porque las bibliotecas trabajan con horarios de funcionarios que cierran a las 5 de la tarde; bibliotecas clausuradas por falta de renovación de personal; completa falta de adquisición y reposición de libros, y el colmo mayor: la imposibilidad de que los estudiantes y lectores puedan llevarse libros a casa, principio básico que se permite en los mejores sistemas públicos de bibliotecas.

Hay otros problemas graves que se resumen en que históricamente la política pública del Estado ecuatoriano no le ha dado un papel central al libro, apenas paliativos, desde decir que se ha apoyado proyectos editoriales privados pero con presupuestos minúsculos, simbólicos y ocasionales, o que se llevan a autores a ferias del libro o se conceden premios. Son aspectos cosméticos. El núcleo duro es resolver el tema de las bibliotecas y surtirlas con ejemplares que el Estado debería comprar a editoriales privadas con licitaciones transparentes y rigurosas, y, eje central remarcado en los foros, la urgencia de que el Estado refuerce con vigor la industria editorial privada. Es indispensable que se le dé todos los apoyos a las editoriales, desde facilitar la reducción de costos en la importación del papel hasta eliminar requerimientos desproporcionados para registrar un título nuevo, como que la editorial deba entregar 10 ejemplares gratuitamente. Son suficiente 3 ejemplares, 2 para la Biblioteca Nacional, que es el fondo de resguardo y consulta de toda la producción ecuatoriana, y 1 para la biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, también archivo nacional. Es decir, hay que agilizar procedimientos, pero sobre todo asumir una mentalidad dinámica, lo menos burocrática posible, que no obstaculice las iniciativas editoriales.

¿El Estado como principal editor del país? Este es otro grave error que exige implementar restricciones y evaluaciones muy exigentes de pertinencia sobre presupuestos. Tradicionalmente, pese a las buenas intenciones, el Estado es un pésimo editor. No solo que no sabe distribuir los libros, sino que termina regalándolos o almacenándolos en depósitos inverosímiles. Lo he dicho varias veces: si en este mismo momento se abrieran los depósitos de libros de instituciones del Estado, estallaría un escándalo sobre todos los libros que se están deteriorando y empolvando, y que revela las pésimas gestiones editoriales del Estado. Porque, además, por una absurda restricción legal, las instituciones estatales o municipales no pueden vender sus libros, lo que dificulta la circulación del libro. Hay que acercarse a las instituciones para que “obsequien” libros que han costado miles de dólares. Se ha solicitado eliminar esta restricción de venta en un nuevo proyecto de la Ley de Libro que está en curso. Ojalá se aplique de manera inmediata. Ecuador es un experto en llenarse de técnicos especialistas con retóricas burocráticas que lo retrasan todo por décadas. Vista la urgencia de la crisis de las bibliotecas ecuatorianas, el Estado debería reducir la inversión en publicaciones y redirigir esos presupuestos a resolver el tema de las bibliotecas lo más pronto posible.

Es tan grave la situación editorial que los grandes grupos editoriales internacionales ya no tienen sede en Ecuador. Las tuvieron el Grupo Random House Mondadori y el Grupo Planeta. ¿Miedo a la libre competencia, al mercado internacional? Otro error. La presencia de grandes editores permite imprimir en el país, lo que apoyaría a la imprenta nacional, reduciría el precio de los libros y facilitaría mayor difusión a la producción nacional de autores en esos sellos, como ya ocurre en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. ¿Por qué se fueron? Por los obstáculos estatales. Esto debería resolverse al más alto nivel en conversaciones entre los ministros responsables, los grandes grupos editoriales y la Cámara Ecuatoriana del Libro.

Para que todo esto sea posible, debe tratarse al libro como la herramienta ineludible para que mejore la cultura y la imagen internacional del país. Con una industria editorial pujante se podría tener en cuenta al libro como el mejor embajador, pero hay que hacerlo a fondo y a largo plazo. No basta que vayan delegaciones de escritores a ferias de libros internacionales, si un niño o un joven lector no pueden ir a la biblioteca de su escuela, colegio o barrio y pedir prestado un libro. (O)