Se ha enviado la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia referida al IESS/Biess. Analizaré si hace algún aporte importante al sistema de jubilación, partiendo de una evaluación del mismo sistema...
Si funcionara razonablemente, dada la juventud de la población ecuatoriana y la relación de 5 o 6 entre aportantes y jubilados, debería tener un superávit o al menos un equilibrio de caja anual, se requeriría poco subsidio de Estado y el fondo patrimonial continuaría aumentando o se hubiera estabilizado en un nivel elevado (¿entre 20 y 30 mil millones de dólares?)…, aunque sin duda tendríamos un déficit actuarial futuro, porque los cambios demográficos han “sorprendido” a todos los sistemas de jubilación. Desgraciadamente, nuestro sistema no es razonable; está en un estado muy grave: hay un déficit de caja anual (además del actuarial/proyectado) de unos $ 3.000 millones, el fondo patrimonial es de apenas $ 6.000 millones y la obligación de aporte estatal (40 %) solo la puede cubrir en un 50% ($ 1.500 millones al año). Resultado: cada año hay que ir liquidando el patrimonio, y en 3-5 años llegaremos a una “quiebra progresiva”, los afiliados recibirán cada año 10 % menos que lo esperado y así sucesivamente porque “la plata no alcanza”.
Se requiere una reforma de fondo, que la sociedad debe enfrentar y los políticos asumir, que debe referirse no solo a los jubilados del IESS, sino a los mayores pobres que están fuera del IESS. Complejo y complicado, pero indispensable. ¿Algo de eso hay en la nueva ley? Nada.
Uno. Financiamiento de las elecciones del Consejo y la posibilidad de remoción de los altos directivos. Esto último ya está en las leyes. En cuanto al Consejo, se debió plantear: (a) una forma diferente de elegirlo, porque las votaciones son la forma más costosa, politizada y menos eficiente de escogerlos, y (b) aprovechar la oportunidad para caminar hacia la separación del IESS en dos partes (salud y jubilación) y dos consejos independientes.
Dos. La posibilidad para el sistema de endeudarse. Comentario clarísimo: debe eliminarse. Es una forma “fácil” de intentar conseguir liquidez, pero el problema se agrava en pocos años más. Pero dirán: “¿Eso no ayuda a mantener el crédito?”. Ojo: el objetivo del sistema es la sostenibilidad de las pensiones, no el crédito.
Tres. Los llamados fondos previsionales complementarios vuelvan a sus dueños originales ($ 300 millones). Hay diversas organizaciones (sobre todo públicas) donde sus empleados aportaban al IESS pero además a un fondo de ahorro propio (muchos con un subsidio adicional de sus instituciones). El correísmo obligó a trasladar los fondos al IESS (con la intención clara de “echarles mano”) y ahora se propone el retorno a manos de sus dueños. Es razonable hacerlo y no afecta a los jubilados del IESS, porque estos fondos tienen su propio manejo, aunque no cambia en nada el fondo del problema.
Cuatro. Evaluación a fondo y decisiones sobre los fideicomisos ($ 300 millones): cerrarlos o continuar. Es sensato pero bajo la premisa de que los responsables de malas inversiones (muchas veces “los amigos”) deben ser sancionados, propuesta sensata pero tampoco afecta la esencia del problema… ¡Es hora de enfrentar una reforma indispensable! (O)
