El experto en seguridad William Brathon, exjefe de Policía de New York, vino a Guayaquil en el 2002 para realizar una asesoría de seguridad; nos dejó un diagnóstico descarnado y crudo. Han pasado 20 años, sigue siendo de actualidad; transcribo unos fragmentos de su informe:
“En mi país hay corrupción en la Policía, pero muy limitada, nunca a la escala que ustedes tienen, ciertamente no tenemos el nivel de pobreza de ustedes y nuestro sistema judicial funciona bien, ya que es virtualmente libre de corrupción y sin duda solemos tener más policías per capita. Ustedes tienen fuerzas policiales muy pequeñas comparadas con el tamaño de su población, sistemas judiciales disfuncionales y unos niveles de corrupción increíbles. Muchos de los sistemas que hemos desarrollado pueden funcionar en Latinoamérica, pero antes a los policías hay que pagarles sueldos decentes para evitar la corrupción. Este es un problema que persiste en Latinoamérica, a los policías se les paga tan mal que casi se les obliga a ser corruptos. No he estado en ningún país de Latinoamérica que no tenga estos problemas”.
A manera de resumen, señala: “Es importante que la Policía no actúe sola, se necesitan leyes buenas, un buen sistema de justicia, jueces efectivos, fiscales efectivos y un sistema penitenciario óptimo”.
La crisis de inseguridad ha ido creciendo como bola de nieve, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común hicieron metástasis en la débil estructura gubernamental del Estado; el gobierno de la revolución ciudadana fue el caldo de cultivo para que tengamos un escenario con estos resultados espantosos; la ciudadanía universal, el debilitamiento de la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y de la Policía, la falta de control de la frontera norte, sin radares para el control del espacio aéreo; Correa no renovó el convenio con Estados Unidos para que sigan operando, desde la Base de Manta, los militares norteamericanos, cuyo objetivo era el monitoreo del narcoterrorismo, con aviones altamente sofisticados; la derogatoria de la Ley de Seguridad Nacional, el desmantelamiento de la inteligencia militar y policial y la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain); la metida de mano a la justicia, el derroche y el saqueo de los ingentes ingresos económicos de la bonanza petrolera y un largo etcétera.
A esto se suma la pandemia del COVID-19 que debilitó aún más la débil economía del país con el peligro de una grave confrontación social, poniendo en peligro la estabilidad democrática por las necesidades sociales, la pobreza y la inequidad. Este escenario tiene que enfrentar el gobierno; además, el permanente asedio del correísmo a la democracia e institucionalidad junto con sus aliados, especialmente el ala más radical del movimiento indígena, que sueña con la dictadura indoamericana. Frente a este panorama se hace imprescindible un gobierno de unidad nacional, donde converjan las fuerzas sociales democráticas y una lucha implacable contra la corrupción, solo así el país puede reconstruir su tejido social con medidas económico-sociales a favor de los pobres de nuestra patria. (O)