Desde esta columna hemos insistido en múltiples ocasiones en la idea de que el poder político debe estar siempre al servicio del pueblo, especialmente de los grupos más necesitados y vulnerables del país.

Ha llegado el momento de replantear el modelo de Estado que tenemos y migrar de manera civilizada a otro...

Lamentablemente, con honrosas excepciones, acá se ha creído que la función pública es un premio y cheque en blanco y no una oportunidad privilegiada de servicio social.

Por ello, en general, quienes nos han gobernado han hecho un mal trabajo. Y no es novedad de esta época reciente, la queja viene de mucho tiempo atrás.

De allí que quienes tenemos el privilegio de haber accedido a educación y a la academia tenemos la obligación de ser parte de la solución, sea como actores de gobierno o como fiscalizadores de sus ejecutorias desde la ciudadanía.

Con motivo del último paro nacional que colapsó al país, poniendo en evidencia el gravísimo problema social que enfrentamos, ha circulado en estos días la idea de un nuevo modelo de organización social, que otorgue mayores competencias a las jurisdicciones seccionales.

Esto bajo el criterio elemental de que no tiene sentido que decisiones básicas, que guardan relación directa con la vida y la realidad cotidiana de una población, se planifiquen y decidan a miles de kilómetros de distancia.

Bajo el nombre que se le quiera poner, este modelo de planificación supone acercar la toma de decisiones a instituciones que se encuentran más inmediatamente vinculadas con la situación y –por qué no decirlo– hasta con la idiosincrasia del lugar.

Obviamente no existe delegación de competencia sin entrega de recursos, y es ahí donde el tema se complica más todavía, porque evidentemente a quienes nos han manejado desde que el Ecuador es república no solo no les gusta la idea de perder el control, sino mucho menos el manejo del dinero.

De la mano, la iniciativa de repartir poder y fondos debe venir acompañada con la tarea de elegir personas idóneas para administrar y dirigir los organismos seccionales, de tal forma que se conviertan en verdaderos líderes para sus conciudadanos.

Llegado este punto de polarización social en el que nos encontramos hoy en día, la obligación de encontrar soluciones verdaderas para sacar adelante al país nos corresponde a todos.

Y debemos comenzar por aceptar que el actual sistema no ha funcionado en más de 190 años. Y ello, dígase lo que se diga, se evidencia en que el ciudadano no recibe del Estado, a cambio de los impuestos que paga, la calidad de servicios básicos que merece, motivo por el que no ha mejorado su calidad de vida sino, por el contrario, se empeora cada vez más.

Ha llegado el momento de replantear el modelo de Estado que tenemos y analizar seriamente la emigración de manera civilizada a otro, que permita acercar el poder, los recursos públicos y la atención de las necesidades fundamentales a los ciudadanos.

El Ecuador es una bomba de tiempo social. Las recientes protestas son solo una clarinada de alerta. O enfrentamos seriamente el problema y encontramos una solución estructural urgente o, por la fuerza y con sangre, los más necesitados lo harán. (O)