Cuenta la historia que, en los últimos 40 años, cada vez que los ecuatorianos hemos ido a las urnas para una consulta popular, más allá del contenido de las preguntas, para la gran mayoría del electorado se ha tratado de una suerte de evaluación del gobierno consultante, y la votación ha reflejado, básicamente, la aprobación o desaprobación de su gestión.
La explicación es muy sencilla: las grandes mayorías tienen suficientes angustias y urgencias en su vida diaria como para meterle cabeza a estos temas que no se las resuelven. Y para ser justos, en las últimas décadas hemos asistido a tantas consultas populares, y la situación de los más pobres del país no ha cambiado, sino que, por el contrario, cada vez es más crítica.
No obstante, lo arriba descrito, este domingo 16 de noviembre, será diferente, pues, no asistiremos a una consulta más, sino a la que puede ser un punto de inflexión en la historia del Ecuador.
Me refiero a la que, a mi criterio, es la madre de todas las preguntas: la de la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.
Digo esto porque la Constitución de Montecristi, diseñada como traje a la medida del supremo líder que en esos tiempos controlaba el Ecuador, es responsable de una serie de situaciones que impiden al Ecuador dar ese anhelado salto hacia el progreso.
Me refiero, en primer lugar, a la declaratoria de Estado plurinacional, lo cual da pie a una serie de actuaciones y excesos de la dirigencia indígena, que han colapsado al país y atentando contra su institucionalidad.
Me refiero también al absurdo de impedir a los actores políticos de poder contratar libremente con los medios de comunicación para difundir sus ideas y/o propuestas de campaña, dizque para que el CNE democratice la difusión, generando todo lo contrario: limitación para los candidatos y electores.
Me refiero a los denominados sectores estratégicos que están condenados al manejo burocrático, ineficiente y corrupto de quienes manejan los negocios de electricidad, petróleo y minas en el país, con las muy escasas excepciones del caso, y con ello, a que toda nuestra riqueza siga en su mayoría bajo tierra por falta de inversión privada, en lugar de ser utilizada para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, que es, al final de cuentas, la razón de existencia de esa entelequia denominada Estado.
Me refiero a ese centralismo indolente que suelta por goteo los recursos públicos, como si le pertenecieran y fuera una limosna distribuirlo al resto del país.
Me refiero al Poder Judicial, desmembrado en reductor de poder en el que los políticos se pelean, mientras el Ecuador es tierra de nadie, donde la impunidad es la regla general.
Este domingo se abre una oportunidad histórica para el Ecuador: la de dejar atrás al país anclado en una ideología fracasada en todo el mundo y caminar hacia otro, de desarrollo y progreso. De eso se trata la pregunta cuatro de la consulta popular.
Desde esta columna creemos firmemente que el Ecuador merece mejores días y que el cambio llegó para quedarse. (O)