La Corte Constitucional resolvió a favor las seis demandas presentadas desde el 2019 que rechazaban por inconstitucional y discriminatorio contra mujeres el numeral 2 del artículo 150 del COIP. Este daba derecho a la atención médica de interrupción de embarazo por violación solo a mujeres —en realidad a sus tutores legales— que padezcan discapacidad mental, previamente descritas como “idiotas” en el código penal. En consecuencia, queda eliminado el artículo 149 que penaliza con cárcel a las mujeres y a quienes las atiendan en el aborto.
Es una victoria importante de las luchas feministas. Se logra un mínimo para nuestro país, dejando a Paraguay, Venezuela y Perú como los únicos países sudamericanos retardatarios que mantienen la cárcel para quienes fueron violadas y quieren abortar el producto de esas experiencias brutales, tantas veces incestuosas.
Esta semana los jueces Herrería, Salgado y el presidente electo Lasso dieron un paso casi inédito hacia la justicia y democracia en el país. Cumplieron con sus deberes éticos por encima de sus creencias religiosas. Esto abre la esperanza para luchas pendientes de derechos de mujeres y en general de personas discriminadas. Es mostrar que el poder se aleja de fanáticos o de pusilánimes incapaces de hacer lo correcto por miedo a las consecuencias.
Rescato la frase de Lasso en su comunicado sobre la resolución de la Corte: “Anticipo desde ya que esta será respetada también por todos los funcionarios que conformarán mi Gobierno”. De esta manera —como ordena la Corte— el defensor del Pueblo, los legisladores y el próximo Gobierno trabajarán no solo para dar acceso al aborto seguro por esta causal, sino evidentemente también —al menos— por las causales de malformaciones graves e incesto. Hasta que sea, como en el mundo desarrollado, libre para todas por decisión de ellas durante las 20 semanas iniciales de su embarazo. Se harán realidad los planes y programas de varios ministerios, dirigidos a disminuir la violencia contra la mujer dentro y fuera de su hogar. Educar y formar desde todos los ámbitos estatales a la población para combatir el machismo y respetar a las víctimas con atención integral para todas.
En las 101 páginas del fallo hay un análisis que va más allá de lo evidente, muestra la violencia contra la mujer como un problema sistémico y estructural. Lo más impresionante son los párrafos de testimonios desgarradores de mujeres condenadas a abortar solas, con dolor, poniendo sus vidas y futuros en peligro. Nadie está obligada a abortar, es importante recordarlo. Más del 15% de muertes de mujeres embarazadas (mortalidad materna) se deben al aborto sin atención apropiada. Muchas más quedan mutiladas, sin tratamiento oportuno e íntegro por el abandono estatal que las lleva a sufrir abortos en condiciones inhumanas, clandestinas y discriminatorias.
En los países donde la interrupción del embarazo es legal y segura, la buena educación sexual y reproductiva induce a más nacimientos de niños deseados. Hay menos complicaciones durante la gestación y disminuyen los abortos. Por eso, quienes quieran bajar el número de abortos apoyarán legislar cuanto antes para tener abortos libres, seguros y oportunos. (O)
