Durante los últimos 50 años, Ecuador ha vivido atrapado en una lógica política de corto plazo. Desde el retorno a la democracia en 1979, el país ha tenido más de 20 presidentes, múltiples rupturas institucionales y una sucesión constante de planes que rara vez sobrevivieron a un período de gobierno. La inestabilidad no ha sido solo política, sino también estratégica, pues se ha gobernado con la urgencia del presente y no con la responsabilidad del futuro. Esta forma de administrar el país ha impedido consolidar políticas públicas duraderas y ha debilitado la confianza ciudadana.

El crecimiento económico promedio, cercano al 2,5 % anual en las últimas décadas, refleja esa falta de continuidad y confirma que el problema ya no es únicamente la escasez de recursos. Ecuador ha contado con importantes ingresos petroleros en distintos momentos de su historia reciente, pero no logró transformar esas bonanzas temporales en políticas sostenidas de desarrollo. A diferencia de países como Chile o Uruguay, que consolidaron acuerdos básicos de largo plazo en educación, institucionalidad y manejo fiscal, Ecuador ha oscilado entre modelos opuestos sin evaluarlos ni consolidarlos, desperdiciando tiempo y oportunidades.

La seguridad es un ejemplo evidente. Cada crisis ha generado respuestas inmediatas, reformas parciales y cambios constantes de enfoque. Sin embargo, la ausencia de una política integral, sostenida en el tiempo y respaldada por inversión en justicia, prevención y rehabilitación, ha debilitado al Estado y reducido su capacidad de control. La educación ofrece otra lección. Finlandia tardó más de 30 años en construir su modelo educativo; Corea del Sur apostó por la formación técnica y científica desde los años sesenta como eje de su desarrollo. Ecuador, en cambio, ha reformado planes, evaluaciones y estructuras sin continuidad, generando desgaste institucional y resultados limitados. Hoy existen cientos de doctores formados desde hace décadas e incluso en la actualidad, cuyos conocimientos y capacidades permanecen subutilizados, debido a la débil articulación entre la educación superior, la investigación y la industria nacional.

El problema de fondo no es quién gobierna hoy, sino una cultura política que premia la reacción rápida y castiga la planificación, lógica que incluso es celebrada por una parte de la ciudadanía, más atenta a la inmediatez de las redes sociales que a los resultados de largo plazo. La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas, exige soluciones inmediatas, pero a la vez se conforma cuando la política responde con parches. Así se alimenta un círculo vicioso que posterga las decisiones difíciles.

Romper esa lógica exige acuerdos mínimos que trasciendan Gobiernos, como políticas de Estado verdaderamente eficientes en seguridad, educación y economía, con evaluación técnica, y reprogramación de metas para lograr continuidad. No son fórmulas nuevas, pero sí indispensables. Gobernar no es solo atender la emergencia, sino evitar que se viva siempre en ella. Sin visión de futuro, el corto plazo deja de ser una estrategia y se convierte en un destino. (O)