Manabí. La FAE se propone instalar en el cerro Montecristi un radar para controlar las narcoavionetas que vuelan bajo y aterrizan en pistas clandestinas. La población circundante trata de impedir la instalación del radar, argumentando que son pueblo y se trata de un cerro ancestral. La FAE manda tropas y el radar se lo ubica en Montecristi, como pieza central para el control del narcotráfico.
Imbabura. Pobladores de Buenos Aires impiden el paso de los trabajadores a una mina de una contratista australiana, manifestando que el pueblo se opone a la gran minería. Las fuerzas del orden protegen el ingreso de los trabajadores a la mina en Urcuquí. La primera observación de ambos fenómenos es el desorden en el mercado laboral. Las leyes desalientan la expansión del mercado formal. Más de la mitad de quienes trabajan lo hacen fuera de marco legal. La gigantesca operación minera ilegal que existió en Buenos Aires fue importante fuente de ingresos para los pobladores del sector, de una manera que la operación formal no la replica. Lo que sucede en Buenos Aires es que los que acosan a los trabajadores de Hancock quisieran que la empresa se vaya y ellos entrar al área, pico y pala en mano, sin permisos ni respetando normas ambientales.
En Montecristi y en general buena parte de Manabí, el narcotráfico sería la actividad que riega más dinero. Los que se manifiestan contra el radar no son necesariamente cultivadores de coca o miembros de algún cartel, sino que reclaman porque el radar va a afectar negativamente a la actividad que sostiene a la economía local.
Hay que reformar drásticamente el marco legal para incorporar más del país a la economía formal. El Código del Trabajo data de 1938, cuando se pensaba que la economía de mercado estaba moribunda y el mundo se encaminaba al modelo de Stalin. El Código se esmera por proteger al trabajador por considerar que el empleo es necesariamente una relación de explotación, y desalienta la creación de puestos de trabajo. Además, hay que incorporar dentro de la ley a la minería artesanal, particularmente importante en Ponce Enríquez, Zaruma y Portovelo.
También deben cambiar las directrices del gasto público. Dejar de priorizar el empleo burocrático en las ciudades y favorecer la prestación de servicios a las zonas apartadas. La contratación pública para obras en provincias debe tender a contratar a proveedores y empleados locales, y así desconcentrar el gasto estatal.
La segunda observación es cómo la nueva sensibilidad ecológica y multicultural sirve de excusa para quienes participan de operaciones ilegales. En Imbabura se oponen a la minería legal, para poder operar ilegalmente libres. En Manabí esgrimen un argumento que conmueve a los multiculturalistas, también como escudo para una actividad ilegal.
Una tercera observación es que Guillermo Lasso tiene poca tolerancia para la ilegalidad. Lo demostró cuando fue gobernador del Guayas en 1998. Las fuerzas del orden entraron en Montecristi y en Buenos Aires a imponer el orden. La lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal irradiará a todo el territorio nacional. Quienes pretextando ser el pueblo y enarbolando tesis ancestrales o ecológicas pretenden protagonizar actos violentos en gran escala quedan advertidos. Lasso no va a tolerar el caos. Va a hacer respetar la ley. (O)
