El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. hizo público el 17 de noviembre de 2025 un acuerdo entre ese Gobierno y el ecuatoriano que permite la “remoción” de ciudadanos de terceros países hacia Ecuador para solicitar “protección” aquí. El acuerdo se firmó en julio de 2025, pero no fue discutido públicamente hasta que la cadena estadounidense CBS reveló su existencia tras tener acceso a documentos internos del Gobierno estadounidense.

Ecuador Chequea, un portal destinado a verificar las noticias, afirmó el 10 de noviembre que era falso que hubiera un documento que confirmara un acuerdo para la recepción de migrantes venezolanos deportados. El documento, sin embargo, existe. No menciona específicamente a ciudadanos de Venezuela, pero claramente están incluidos en la categoría de “terceros países”.

Actualmente se están llevando a cabo audiencias para establecer si Ecuador puede ser considerado un país seguro para recibir a estas personas bajo los términos del acuerdo. Conviene recordar que, en marzo, EE. UU. envió a 150 venezolanos a una prisión en El Salvador sin ningún empacho. El acuerdo con Ecuador no establece un límite en el número de personas que EE. UU. envíe.

Caben algunas preguntas. ¿Los ecuatorianos saben que son falsas las declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfeld en septiembre de que Ecuador solo recibirá hasta 300 personas? ¿Estamos preparados para recibir a un número indeterminado de ciudadanos de terceros países? El Gobierno argumentará que mantiene la facultad de aceptar a las personas “a su entera discreción”, pero eso no significa que vaya a ejercer ese derecho. La experiencia demuestra que Ecuador no tiene un sistema administrativo o jurídico capaz de recibir personas sin vínculos previos en el país sin convertirse en un problema grave para todos los involucrados.

Además, el acuerdo no toma en cuenta que Ecuador no es un país seguro para garantizar la protección de ciudadanos deportados de EE. UU., ni ningún otro. A fines de 2025, el país alcanzó con mucho esfuerzo el quinto lugar entre los más peligrosos del mundo, según el monitor de Armed Conflict Location & Event Data (Acled). Solo el año pasado, la Fiscalía registró 10.630 muertes violentas.

El alcance potencialmente ilimitado de un acuerdo tan opaco, para variar, del actual Gobierno nos expone a una presión adicional que no estamos en condiciones de manejar. Ayer, el Gobierno estadounidense extrajo al jefe de gobierno de un país latinoamericano. Hoy, nada podría impedir que mande un avión con deportados. El riesgo es aún mayor cuando las noticias no provienen del propio Gobierno ecuatoriano, pues el presidente Daniel Noboa está de licencia o viaje oficial, y también esquiva intencionalmente la responsabilidad de informar al país. Y cuando finalmente aparece, los periodistas no pueden hacerle preguntas.

Un acuerdo de este cariz, manejado a puerta cerrada y sin un debate público informado, deja al país una vez más expuesto a los desatinos de quien no gobierna en bienestar de sus ciudadanos sino motivado por intereses personales. (O)