Normalmente el presidente de la República solo puede presentar un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica; pero, como declaró el estado de excepción, pudo enviar dos: sobre los GAD, o sea, los Gobiernos locales, y sobre el sector energético. La Asamblea Nacional tiene hasta fin de febrero para pronunciarse sobre ambos.
El de los GAD postula que gastos corrientes no pasen del 30 % de sus presupuestos y al menos el 70 % sea destinado a inversión en obras (transitoriamente se aceptará 60 % y 65 % para 2027 y 2028). Siendo que en 2024 los GAD, en promedio, destinaron apenas 39 % en inversión, es muy difícil –por razones estructurales– que lleguen al 60 %, o peor aún 70 %. El castigo que impone el proyecto, en caso de incumplimiento, bordea el 30 % de las asignaciones y significa unos mil millones de dólares anuales.
Que el dinero vaya a obras útiles para el ciudadano y no a gastos cuestionables es muy loable y sería bueno que el Gobierno central pregone con testimonio propio, pues la burocracia insaciable nos tiene con un déficit creciente y una deuda impagable. Además, una compra millonaria de generadores es contablemente una inversión pero, si son truchos, es gasto a pérdida directa.
Entonces, más allá del declarado objetivo del proyecto, su significado real se entiende en el contexto de las finanzas públicas del Gobierno central, tan exiguas que retienen inconstitucionalmente las transferencias de dineros pertenecientes a los GAD, acumulando millones en deudas cuyo pago atrasado imponen en bonos bajo la fórmula “tómalo o déjalo”. El Partido Social Cristiano (PSC) lideró un proyecto para terminar con la disposición discrecional de fondos ajenos, pero el presidente de la República lo vetó. Y ahora da un paso más imponiendo una condición estructural, muy difícil de cumplir en tan poco tiempo, que apunta a disminuir el monto global de las asignaciones a los GAD, acogiendo así la tesis promovida por Cordes, corporación tradicionalmente centralista y fiscalista, vinculada al expresidente Osvaldo Hurtado, irónicamente crítico del presidente actual.
Además de perjudicar al nivel inferior de gobierno, el proyecto tiene un gran problema adicional y es que pretende modificar el artículo 192 del Cootad, que se ocupa de la distribución primaria, o sea, entre Gobierno central y los GAD; no toca la distribución secundaria, o sea, cómo los GAD se reparten la torta. Esto significa que si un GAD se esfuerza e invierte el 85% en obras, pero, en su conjunto, los GAD suben “solo” del 39% al 59%, pues, ¡qué pena!, pagarán justos por pecadores, algo opuesto a toda lógica y justicia.
El proyecto no considera que los GAD reciben dos componentes: A, fijo, y B, variable por “méritos”. Distingue solo el porcentaje de ingresos permanentes y no permanentes, una caracterización propia de la distribución primaria, que afecta a los GAD en su conjunto, no de forma individual. El proyecto debe ser negado. Es el colmo que el burro hable de orejas. (O)