Los subsidios son ayudas económicas, rebajas en beneficio de ciudadanos o clases menos favorecidas, con un fin determinado y específico. La ciencia económica recomienda que sean directos, temporales, lo más restringidos a quienes realmente los necesitan y justifican. No pueden ni deben ser indiscriminados.
Los subsidios a los combustibles se extendieron en forma injustificada, cinco décadas, contrarios a la razón, al conocimiento y al bien común. Se desperdiciaron recursos, se propició el comercio ilegal, el contrabando y el enriquecimiento ilícito. Se beneficiaron las clases más pudientes, que usufructuaban, con piscinas de agua caliente y vehículos de alto consumo. Cada negocio, cada actividad debe ser autosustentable.
El bien común nos pertenece e incumbe a todos. Se refiere a un conjunto de bienes materiales e inmateriales, culturales, condiciones sociales y bienestar que benefician a todos los miembros de una colectividad o comunidad. Implica el interés público frente al particular, promueve el bienestar colectivo, el entorno donde cada persona puede lograr su propia realización y felicidad.
Los subsidios indiscriminados, más aún los de los combustibles, fueron demagógicos, un engaño al pueblo, una gran mentira, una gran equivocación. Lo es también la actitud de unos pocos falsos dirigentes de forzar un paro que no tiene verdadero apoyo ni aceptación popular. Es un gran pecado social el impedirles a los ciudadanos realizar su labor cotidiana. Obstruir, que no nos podamos ganar nuestro pan diario, con el trabajo de nuestra actividad normal.
Es un capricho. Nos quieren imponer su voluntad unos pocos que no representan a nadie. No debemos ceder. La violencia es injustificable, más aún atentar contra la vida del presidente y su comitiva. Los daños causados en la imagen del país, en las cifras macroeconómicas, exportaciones, ingresos del Gobierno, los turistas que suspendieron viajes, las empresas y condiciones de miles de emprendedores, son todos números cuantiosos e irrecuperables, además de bienes y carreteras rotas, cadenas de suministro bloqueadas, miles de litros leche, de flores, de productos perecibles.
Las cifras de daños, de subsidios mal utilizados, desperdiciados, del contrabando, de enriquecimiento ilícito son inimaginables. El Gobierno tiene razón en eliminar los subsidios que nunca se justificaron, incluso el del gas doméstico, que debiera ser corregido y otorgado en forma directa a los hogares más desfavorecidos y que de verdad lo necesitan.
Se debe cumplir la ley. El paro debe terminar, sus cabecillas y promotores deben ser apresados y castigados con el máximo rigor y obligados a reparar y subsanar todos los daños causados, incluso los de los paros anteriores. A la ciudadanía, a cada contribuyente debe preguntársele en forma directa, aprovechando la próxima consulta popular de noviembre, si está de acuerdo con este tipo de interrupciones, con el paro nacional, que tanto daño hace al país. Desenmascarar la farsa y determinar el verdadero apoyo que tienen los dirigentes indígenas. Decidir entre el paro y el bien común. (O)
