La descomposición social que estamos experimentando se extenderá más allá de cualquier arreglo circunstancial al enfrentamiento actual entre el Gobierno y la Conaie.
El Gobierno, parece, solo está buscando imponerse por la fuerza militar y policial, descartando soluciones políticas, o una combinación de esos factores. Se dio a conocer, hace pocos días, que el Gobierno habría llegado a un cierto acuerdo con algunos de los manifestantes, pero resultó que los principales de la Conaie desautorizaron tal acuerdo. El ministro del Interior dice que el Gobierno ya cumplió su parte de lo acordado con quienes conversó inicialmente y que, si la Conaie no lo hace, es responsabilidad de ellos. Me parece que no es así: es, siempre, responsabilidad del Gobierno que el país funcione, y en paz; no pueden los ecuatorianos demandarle a la Conaie por declararse en resistencia.
Esta falta de solución al paro crea un ambiente de gran incertidumbre de efectos imprevisibles en el lejano plazo.
Esta falta de acuerdo puede ser el embrión de futuras convulsiones, como las de las guerrillas que sacudieron a nuestros vecinos.
En el mediano plazo, todo esto afectará al pronunciamiento de la ciudadanía sobre la consulta, sobre si se autoriza o niega (el 16 de noviembre) la convocatoria a una asamblea constituyente, que es lo que está en juego actualmente.
Como hemos manifestado antes, y hoy lo hacemos con mayor razón: en medio de la polarización nacional existente, de rechazo al diálogo como medio de encontrar soluciones a los problemas nacionales, se diría que no es el momento adecuado para la instalación de una asamblea para dictar una nueva constitución, la que, aun si fuera aprobada, estrechamente, sería constantemente impugnada.
El que en la misma convocatoria se haya establecido que para aprobar su texto se requiera de la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los diputados constituyentes hace casi imposible su aprobación. Pero, inclusive antes, si en la consulta se negara la iniciativa del presidente de convocar a la constituyente, este quedaría muy debilitado políticamente, tanto en el interior como en el exterior.
Las escenas de la violencia empleadas por la fuerza pública en sitios como San Miguel del Común, en las proximidades de Quito y de Calderón, han causado una inmensa repulsa contra el Gobierno, lo que lo disminuiría electoralmente. Son reflejo de todo esto las manifestaciones de solidaridad con los manifestantes, como las de los estudiantes de la Universidad Central, ante los excesos de la fuerza pública. Los ánimos están caldeados.
Los que hacen campaña en favor de la constituyente lo hacen señalando los defectos de la Constitución del 2008 –que son varios, como lo hemos señalado en numerosas ocasiones–, pero no presentan alternativas, un proyecto de nueva constitución, lo que deja a la ciudadanía a ciegas; se le pide solamente confiar.
Se viven, pues, momentos difíciles, de incertidumbre, no propicios para la preparación de una nueva constitución. Sería mejor resolver sin pasiones negativas. (O)
