Las organizaciones no gubernamentales (ONG) surgieron históricamente para suplir ciertas funciones que los Estados no cumplían. En países de ingresos medianos y bajos y en un país poderoso como Estados Unidos, reemplazaron de manera precaria la falta de sistemas de protección social y ambiental como los que existen en los países de Europa occidental. Las ONG internacionales adquirieron mucho protagonismo, como en el caso de Oxfam, una confederación de organizaciones en 87 países con ingresos de hasta mil millones de euros en el año fiscal 2023-2024.
Recientemente, el Gobierno ecuatoriano detectó organizaciones no gubernamentales que han lavado dinero, es decir, que coadyuvan a la circulación de dinero obtenido de manera ilegal, por ejemplo, fruto de la corrupción o el narcotráfico. A raíz de este descubrimiento, aduce el Gobierno, se planteó la Ley Orgánica de Transparencia Social, que centralizará la información de organizaciones sociales, clasificará su riesgo y permitirá un mayor control del origen de sus ingresos.
Según el catastro de 2021 había 15.172 asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias, de las cuales, en 2025, casi 400 eran cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas cuyos activos sumaban 29 millones de dólares. Se espera que, de este último grupo, algunas se conviertan obligatoriamente en bancos, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
En apariencia, el Gobierno impone un orden necesario para regular instituciones que pueden estar operando en beneficio de grupos delincuenciales y disminuir el riesgo que suponen las cooperativas que realmente operan como bancos, por ejemplo, al aumentar su cobertura sin respetar sus límites regionales. Pero provoca, a sabiendas, demandas de inconstitucionalidad que contribuyen a ahondar la percepción de que la Corte Constitucional impide al Gobierno central luchar contra el crimen.
La Ley de Integridad Pública ya tiene 26 demandas constitucionales en su contra, algunas de ellas por haber incluido temas poco pertinentes, entre ellos, una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Por su parte, la Ley de Transparencia Social abre el camino para una demanda de inconstitucionalidad al haber aprobado que las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por parte de empresas públicas cerradas se paguen mediante dación de pago. Esta medida no guarda relación con el propósito de una ley orientada a la transparencia.
Alrededor del mundo, las ONG están enfrentando grandes dificultades ante la disminución de su financiamiento por parte de gobiernos de países como EE. UU. y el Reino Unido y la pérdida de confianza (a veces justificada) en su gestión. Esto ha tenido un efecto dominó en Ecuador, aunque en escala pequeña en comparación con otros países donde, por ejemplo, la entrega de medicamentos depende de ONG. Es necesario que haya mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector no gubernamental, pero la ley de transparencia social conlleva un control estatal injustificado cuando el Estado no exige la misma transparencia a sus propias instituciones. (O)
