La buena noticia es que el estiaje será benigno de modo que no habría apagones. La mala, que el potencial de generación eléctrica se mantiene con un déficit que tendrá que ser paliado con la compra de energía a Colombia y eventualmente la contratación de más barcazas turcas o equipos de alquiler.
En un informe de Cenace, el Operador Nacional de Energía, se estima un déficit de 1.510 MW, calculando los 1.080 MW del año pasado a más de otros 430 MW por el incremento de la demanda anual. Con el descuento de 300 MW de las barcazas operativas, de los 200 MW de la central hidroeléctrica de Toachi-Pilatón e incorporaciones de unidades térmicas reparadas o nuevas, establece un déficit neto de 866 MW. Para mayor precisión, en agosto del 2024 Cenace contabilizaba apenas 712 MW de potencia termoeléctrica disponible, mientras que el mismo mes de 2025 estima 1.094 MW, considerando el aporte de las barcazas y demás “energía firme”.
Este detalle revela que en el interanual no ha habido manera de incrementar de forma significativa la incorporación de energía termoeléctrica, pesa el lamentable fracaso de las contrataciones de 241 MW con las empresas Progen y Austral, que debieron funcionar hace mucho tiempo.
En marco del análisis es necesario destacar que, durante el estiaje de 2024, la generación hidroeléctrica estuvo operando por debajo del 50 % de la demanda total, mientras que en el presente año se mantendría por encima, permitiendo un aporte adicional para reducir el déficit de 866 MW. Por lo demás, es conocido que en el último periodo de lluvias las centrales hidroeléctricas llegaron a suplir hasta el 90 % del consumo nacional.
Se ha venido realizando compra recurrente de energía a Colombia para coadyuvar al mantenimiento de embalses al tope, en especial del sistema Mazar-Paute, a pesar de que se dijo repetidamente que esto no sería necesario. Sin embargo, no debe llamar la atención toda vez que se lo viene haciendo desde hace años de la misma forma.
Lo preocupante es que la política pública ha tendido a favorecer la promoción de proyectos de energías renovables principalmente fotovoltaicos, eólicos e hidroeléctricos de hasta 100 MW, sin priorizar debidamente aquellos de “energía firme”. Fue la tónica de las leyes Antiapagones I y II que flexibilizaron la presentación de proyectos de iniciativa privada, sin pasar por Procesos Públicos de Selección, PPS. Al tiempo, el Decreto 032 dejó abierta la misma opción para “energías de transición”, dígase, gas natural con la ventaja que es oferta de “energía firme”.
En el informe de Cenace los incrementos proyectados de potencia corresponden principalmente a energía fotovoltaica que, si bien es deseable, tiene un limitado factor de planta de 20-23 %. De ahí la urgencia de retomar otros proyectos como el de 400 MW de ciclo combinado que viene dando la vuelta desde hace varios años.
Lo recomendable para estimular la disponibilidad de más “energía firme” es permitir que generadores privados puedan entenderse directamente con consumidores en la fijación de la tarifa, sin intervención del Estado. Algo que solo contribuye a las distorsiones de un mercado hiperregulado. (O)