Cuando la legalidad se agota, la justicia llama a la puerta y la fuerza pone orden.
La detención de Nicolás Maduro no solo interpela a la política internacional, sino que desnuda las limitaciones del derecho internacional clásico frente a regímenes que han vaciado de contenido al propio Estado. La soberanía, concebida originalmente para proteger a los pueblos, ha sido utilizada por ciertas dictaduras como un blindaje frente a cualquier forma de rendición de cuentas.
La historia reciente ofrece precedentes incómodos, pero elocuentes. Augusto Pinochet fue detenido en Londres no por decisión de su país, sino por la aplicación del principio de jurisdicción universal. Slobodan Milosevic terminó ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia tras años de atrocidades. Manuel Noriega fue capturado mediante una operación militar estadounidense, duramente criticada en su momento, pero que años después fue reinterpretada bajo la lógica de la lucha contra el narcotráfico y el autoritarismo. Omar al-Bashir, pese a su investidura presidencial, fue objeto de órdenes de arresto internacional por genocidio.
En todos estos casos, la pregunta fue la misma: ¿era legal la acción? Tal vez no en un sentido estricto. ¿Era legítima? Para muchos, sí. Como sostuvo el jurista Antonio Cassese, uno de los padres del derecho penal internacional, “la soberanía no puede convertirse en licencia para cometer atrocidades”. En la misma línea, Michael Walzer advertía que la no intervención deja de ser moralmente defendible cuando un Estado declara la guerra a su propia población.
Venezuela ha sido durante años un laboratorio de esta contradicción. Millones de ciudadanos forzados al exilio, represión sistemática, colapso institucional y una economía capturada por redes ilícitas. Sin embargo, gran parte de la comunidad internacional optó por la inercia, mientras gobiernos ideológicamente afines se beneficiaban de sus recursos naturales y miraban hacia otro lado frente al sufrimiento de su pueblo.
La ‘Responsabilidad de Proteger’ y la ‘Doctrina Roldós’ no fueron concebidas para justificar aventuras imperiales, sino para evitar que el formalismo jurídico se convierta en coartada de la injusticia. No se trata de celebrar la fuerza, sino de reconocer que hay contextos donde el derecho, si quiere seguir siendo relevante, debe dialogar con la realidad y con la ética.
El caso venezolano nos obliga a admitir una verdad incómoda: cuando todas las vías internas e internacionales han sido bloqueadas por un régimen que no reconoce límites, ni la libre determinación de su pueblo en las últimas elecciones, la legalidad puede agotarse sin que la justicia haya comenzado. En ese punto, la comunidad internacional enfrenta una decisión histórica: preservar intacta una soberanía vacía o asumir el costo de defender la dignidad humana.
Quizá el verdadero escándalo no sea la extracción y captura de una persona acusada por narcotráfico y terrorismo, que ejercía el papel de dictador autócrata violentando los derechos humanos de su pueblo, sino el haber tardado tanto en asumir que la neutralidad, frente a la opresión, también es una forma de complicidad. (O)