Sabiduría, ponderación, acertada interpretación de la realidad, talla de estadistas y legisladores, todo eso se requiere para dotar a las leyes del equilibrio indispensable entre la seguridad y la vigencia de los derechos, entre la restauración de las instituciones, una profunda reforma judicial, la búsqueda de la paz y el respeto a las libertades.
El difícil equilibrio implica firmeza, pero supone justicia, prontitud, pero no precipitación, claridad de las reglas, comprensión de las circunstancias y vinculación inteligente con la coyuntura. Nada fácil, ciertamente.
La seguridad jurídica no se agota en el breve e insuficiente texto previsto en el artículo 82 de la Constitución, que reduce un asunto de tanta complejidad al imperio de una Constitución impuesta, a la vigencia de leyes y a su aplicación por las “autoridades competentes”. Se ignora que las normas y su ejecución pueden ser injustas, inseguras y ejecutadas en forma errónea.
La circunstancia que nos agobia exige mucho más que ese sumario concepto constitucional.
Es esencial la vinculación entre los derechos de las personas y su eficacia concreta.
Y más allá del texto de las normas, hay que contar con las dificultades prácticas, con el abuso en su aplicación, con la ineficacia de los jueces. Se requiere relacionar esa seguridad jurídica abstracta con la paz y la confianza que la gente necesita.
Que la seguridad no sea solo jurídica o judicial, que sea vital, humana, cercana y no distante.
Que trascienda de los foros académicos, de los alegatos y las entrevistas y de los polvorientos folios de los procesos, y que sea la certera percepción del padre de familia, del tendero, del agricultor, del comerciante.
Que se suscite la idea de que se puede creer otra vez en el país, que es posible la ilusión de prosperar aquí, en la tierra de cada cual, que habrá justicia pronta, que no habrá venganza, pero sí sanción, eficacia judicial y rendición de cuentas.
Es preciso hablar de la “seguridad humana” que implique el respeto a los derechos individuales, la presencia del Estado, la cercanía de la autoridad, la sanción al crimen y al abuso, y el cotidiano mensaje a la burocracia, de que ella no manda, sirve.
Vincular, en la práctica, la seguridad jurídica con la confianza personal es el mayor reto que enfrenta el régimen. Este es el desafío para que la legislatura se reivindique, para que la democracia vuelva por sus fueros, para que el Estado destaque como entidad útil y para que deje de ser instancia que se agota en el ejercicio de la voluntad de poder y en el espectáculo electoral. Que no sea “ese Estado”, distante; que sea “nuestro Estado”, el que trabaje eliminando los miedos y suscitando confianza.
En síntesis, en todo eso está, como hilo conductor, el equilibrio entre los derechos de las personas y las reglas que tipifiquen y sancionen infracciones, están la eficacia judicial, las medidas policiales y la certeza de que el imperio de la ley es, de verdad, valor ciudadano y no distante teoría jurídica. (O)
