En medio de la agitación popular por la eliminación del subsidio al diésel, y por la suspensión por la Corte Constitucional de varios artículos aprobados por la Asamblea Nacional a petición del Ejecutivo, e impugnados por ciudadanos por considerarlos violatorios de la Constitución, el presidente de la República ha convocado a la reunión de una asamblea constituyente que prepare una nueva constitución. No ha explicado cuál sería el contenido de la nueva constitución que busca y que reemplazaría a la actual, del 2008; sí nos ha indicado en su convocatoria cómo se integraría esa constituyente: por 80 ciudadanos de más de 18 años, elegidos por voto popular; no se establecen otros requisitos.

Aquí viene la primera preocupación, porque para proponer tesis de derecho constitucional, redactarlas, discutirlas, sostenerlas hace falta una profunda preparación teórica y mucha experiencia en cosas del Estado.

Para asambleas constituyentes del pasado –y las tuvimos muchas– se requería de al menos 25 años; y para la de 1967, 30 años. Yo mismo fui el diputado más joven del último Congreso bicameral, pero tenía 26 años y ya era abogado. No todos deben ser juristas, por supuesto; se necesita de otros especialistas, en economía, finanzas, administración pública y otras materias, pero todos de gran preparación.

Estamos viendo, en estos mismos días, en la Asamblea Nacional cómo se destroza la gramática por asambleístas que hablan de “resolvidos” y otras preciosuras que dan vergüenza. ¡Tendríamos que soportar estas linduras durante los más de 200 días que duraría la constituyente! Afortunadamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió –porque así manda la Constitución– enviar a la Corte Constitucional el proyecto de convocatoria que le remitió directamente el presidente, por segunda ocasión. La Corte se ha allanado a continuar el trámite, y ha dado un primer paso al declarar que el trámite de asamblea constituyente es apto para el caso.

La oficina jurídica de la Presidencia de la República también ha comparecido ante la Corte, con lo que parece superado el incidente. Ahora, le corresponde a la Corte resolver sobre lo de fondo y, particularmente, sobre el estatuto de elección y funcionamiento de la propuesta de asamblea constituyente. Con un “alcance” se podrían establecer requisitos más exigentes.

¿Y para qué el presidente quiere una nueva constitución? No nos lo ha dicho y debería hacerlo; probablemente, la Corte se lo pregunte.

Si se reúne una asamblea constituyente para refundar la República, tiene que producir efectos muy positivos para evitar una nueva frustración al pueblo y un nuevo empezar. Sería conveniente que, previamente a la eventual consulta y a las dos propuestas de reforma constitucional, la Corte Constitucional resolviera las impugnaciones por inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, a propuesta del presidente. Supongo que habrá, también, impugnación a la pretensión del Biess de utilizar fondos de la seguridad social, lo que coloca en riesgo las pensiones de los jubilados. (O)