El Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), considera que uno de los problemas que afectan a los sistemas penitenciarios en América Latina es la inadecuada selección y capacitación del personal penitenciario; además, “el constante incremento de la población penitenciaria”.
El presidente Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 560 (14/11/2018), en su artículo 3 dispuso la creación del “Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, dotada de autonomía administrativa, operativa y financiera, encargada de la gestión, seguimiento y control de las políticas, regulaciones y planes aprobados por su órgano gobernante”.
El artículo 4, del mismo decreto, establece que el SNAI es el responsable de la “rehabilitación, reinserción, seguridad, indultos, conmutación o rebaja de penas y medidas cautelares para personas adultas privadas de libertad; así como sobre el desarrollo integral de adolescentes infractores; para lo cual contará con la estructura orgánica y personal especializado y diferenciado en ambas áreas”; además, es el encargada de la coordinación, planificación, regulación, gestión y control del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria”.
El reglamento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria dice que es “la entidad de carácter civil, armada, uniformada, jerarquizada, disciplinada, técnica, profesional y especializada, es responsable de precautelar, mantener, controlar, restablecer el orden y brindar seguridad en el interior de los Centros de Privación de Libertad (CPL); y, de la seguridad, custodia, vigilancia, remisiones, traslados a las diligencias judiciales de las personas privadas de libertad. Contará con un grupo especial de seguridad en situaciones de crisis”.
Lo señalado dista de la realidad, el sistema carcelario en nuestro país, el cual ha sido manejado a “palo de ciego”, el hacinamiento, la inadecuada infraestructura, el escaso presupuesto, la falta de personal técnico, insuficiente número de guías penitenciarios, no han permitido nunca la rehabilitación de los reclusos, más bien, se ha señalado que las cárceles son una escuela de perfeccionamiento del crimen.
Ahora que el SNAI pasó a depender del Ministerio del Interior, para que este organismo funcione adecuadamente se debe pedir ayuda y asesoramiento al Ilanud. Al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, se lo debe profesionalizar, al incorporar nuevos miembros, uno de los requisitos debe ser que hayan hecho el servicio militar –hombres y mujeres– y que su selección sea rigurosa (sin palanqueos ni compadrazgos). Inicialmente, estos deberían formarse en la escuela de soldados del Ejército, con una malla curricular especial, una vez graduados y antes de ser asignados a los CPL deberán pasar por pruebas de confianza y sujetos a una permanente y adecuada rotación; además, se debe incorporar a profesionales especializados en rehabilitación y administración carcelaria. Reclutar personal militar en servicio pasivo como guías no es ninguna solución. (O)