El aporte de la sociedad civil, a través de grupos de aceptable organización, es de inmenso valor. En ello se inscriben los trabajos de confraternidades de egresados de colegios y universidades que, luego de incesantes reuniones de trabajo, formulan recomendaciones serias, desinteresadas, imparciales, exentas de toda duda, respaldadas en la integridad, experiencia y honestidad de sus voluntarios autores. La Confraternidad de Bachilleres 1962 del colegio Vicente Rocafuerte elaboró, bajo la conducción de su miembro, ingeniero eléctrico y máster Juan Saavedra –profesor de la Espol, conocido en el ambiente latinoamericano como un erudito en sistemas de potencia–, un plan con oportunos criterios, al afirmar que es inminente el futuro apagón por el fracaso de los esfuerzos gubernamentales por adquirir equipos termoeléctricos, de siniestra contratación e infeliz final (Progen y ATM), que hubiesen contribuido a atenuar el déficit, agravado por la imposibilidad de que nuevas dotaciones lleguen a tiempo, incluyendo la lentitud del previsto nuevo proceso de alquiler de barcazas generadoras.
Es necesario abatir el traumatizante círculo vicioso de crisis tras crisis y emergencia tras emergencia, en cada estiaje, con la sombra de inseguridad en la compra de energía a Colombia, sujeta al humor político del vendedor o en la satisfacción de sus propias necesidades. A esto se sumaría el aumento de la demanda nacional, estimado en 420 MW, que se agrega al consabido déficit. Para minimizarlo, se ha anunciado un equipamiento termoeléctrico en tierra de 240 MW, dos barcazas de 100 MW, el aporte de 200 MW correspondiente a generadores recién reparados, además de 230 MW de autogeneración del sector industrial, teniendo como segura la dotación colombiana de por lo menos 400 MW, restando por solventar 470 MW, que quedarían al albur de la intensidad del estiaje.
Para asegurar el abastecimiento actual y cubrir el aumento de la demanda futura, habría que imprimir un cambio radical en la política energética con la meta de cubrir el déficit del año 2026, que el confraterno Juan Saavedra estima en 1.040 MW. Esto solo sería posible si se comienza desde ya a gestionar un equipamiento fotovoltaico de 1.000 MW, consistente en el aprovechamiento directo de energía solar –recurso del que Ecuador dispone con suficiencia–, captada a través de paneles. De esos 1.000 MW se destinarían 400 MW para satisfacer la nueva demanda y 600 MW como aporte al déficit, potencia que se lograría con la instalación de un Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS), que guarda energía para un uso posterior.
Esta propuesta, factible de realizar en menos de un año, consistiría en contratar directamente con compañías estatales chinas de reconocida seriedad y solvencia financiera, identificadas en el argot internacional como empresas Tier 1, acción propicia por las buenas relaciones ecuatoriano-chinas, un vigente TLC y las aún desaprovechadas líneas de crédito que ofrece el régimen asiático. Así se estaría dando un paso firme hacia la transición energética, mitigando el impacto de los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. (O)
