La participación ciudadana es fundamental para una democracia saludable. Es la expresión de los grupos organizados de la sociedad, formados por quienes no son autoridades del Estado. No obstante, se sienten afectados por las decisiones de este y buscan cambiar su realidad. Son gremios y grupos de identidad que se manifiestan para exigir derechos o para hacer propuestas para políticas gubernamentales.

En un contexto democrático, la participación ciudadana es, entonces, el opuesto complementario del poder, contrapeso del poder estatal y de los grupos de poder económico y fáctico.

En la Constitución vigente desde 2008, siguiendo un guion que se instauró en los países de la autodenominada y ambigua doctrina del socialismo del siglo XXI, se decidió que la división de tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) era obsoleta y había que superarla. Se propuso entonces un Estado con cinco funciones: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Participación Ciudadana.

Las dos nuevas funciones se decía que harían más democrática a la sociedad. Un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sería la institución con la tarea de representar a la ciudadanía, promover participación, controlar la corrupción y designar autoridades de control del Estado, como fiscal y contralor. Sus representantes fueron puestos por el Ejecutivo (la Presidencia de la República), en tiempos de Rafael Correa, supuestamente a partir de concursos de méritos.

El resultado fue que los siete consejeros fueron todos exfuncionarios del gobierno de Correa, uno, por ejemplo, con título de matemático más que con trayectoria de participación social.

Con ese grupo se eligieron fiscales y contralor. Sí, un solo contralor durante todos los años del correísmo, hoy prófugo de la Justicia en Miami. Tiene una sentencia en firme por casos de corrupción. Este personaje en cada concurso del Consejo de Participación logró una calificación de 100/100. Su subcontralor, y luego contralor hasta hace pocos días, hoy está en la cárcel, acusado de desvanecer, a cambio de jugosas coimas, glosas multimillonarias de empresas contratistas del Estado.

Casualmente, los fiscales y contralor de entonces fallaban siempre como anunciaba Correa. Claro, “los caudillos nunca se equivocan”. Además, el caudillo dijo sin desparpajo que era el jefe de todo el Estado y sus instituciones, incluida la Contraloría. Ridículo pero cierto. De haber sido así, no podía llamarse de otro modo que dictadura (o monarquía).

La estructura del Estado con cinco poderes no solo es anómala para la democracia, al pretender hacer que la participación ciudadana sea parte del Estado –impidiendo el ejercicio de los contrapesos al gobierno y al Estado–, sino que fue diseñada para, de manera travestida, promover el poder omnímodo y la corrupción. Y, de ser necesario, culpar de ello a la propia participación ciudadana.

La consulta sobre la continuidad o desaparición del Consejo de Participación es necesaria y urgente. Y que sea la propia y genuina participación ciudadana en las urnas la que decida su destino. (O)