Imaginamos a William Wallace gritando que nos pueden quitar la vida, pero no la libertad. La autonomía se ha presentado como la lucha de Guayaquil contra el centralismo de Quito. La indignación de “aquí se genera la riqueza, y allá se la gastan”.
En los 90, León Febres-Cordero impulsó un mecanismo para que las rentas nacionales fluyeran directamente hacia los presupuestos municipales. Su pesadilla era tener que peregrinar por el Ministerio de Finanzas, esperando que algún burócrata en Quito le dijera que regresara en quince días por un cheque con el que tenía que cubrir necesidades básicas de los guayaquileños.
La lucha de Febres-Cordero se cristalizó en una reforma legal que obligó a asignar un porcentaje del presupuesto general del Estado directamente a los gobiernos autónomos, con base en criterios como población y necesidades básicas insatisfechas.
La Constitución de Montecristi, junto con el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), consolidó este modelo. Hoy un porcentaje de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado debe transferirse obligatoriamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Y a esto se suma la asignación de competencias y la promoción de un sistema de descentralización y desconcentración.
La lógica es impecable. Los gobiernos locales están más cerca de la gente, conocen mejor sus necesidades y, en teoría, pueden responder con mayor eficiencia.
Pero la experiencia de estos años ha revelado que existen costos no previstos del modelo de autonomías. Por un lado, está el desperdicio: no es raro que parte significativa de los recursos municipales se destine a festividades de dudosa prioridad. Por otro lado, la proliferación de instituciones: una agencia de tránsito para cada cantón, un registro de propiedad para cada pueblo, una autoridad ambiental por cada comunidad. Y finalmente, y más preocupante, la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente al crimen organizado.
Diversos indicios apuntan a que estructuras delictivas han encontrado en los municipios espacios particularmente atractivos para capturar rentas. En su delación ante autoridades judiciales en Nueva York (Estados Unidos), un capo de la mafia ecuatoriana relató cómo influía en la designación de alcaldes para luego asegurarse de que empresas vinculadas a su organización obtuvieran contratos millonarios.
Se ha aprobado una ley que establece límites al gasto de los gobiernos locales: 70 % para inversión y 30 % para gasto corriente. La intención es buena, pero la pregunta es si eso resuelve totalmente el problema de los costos que generan las autonomías.
Aunque resulte políticamente incorrecto decirlo, el centralismo tiene una ventaja incómoda: dificulta la captura institucional por parte del crimen organizado. Y esa es una variable que rara vez aparece en los discursos épicos sobre autonomía. Quizá la pregunta no es si queremos más autonomía, sino bajo qué condiciones institucionales esta deja de ser una virtud y comienza a convertirse en un riesgo para nuestros impuestos y, también, para nuestra libertad. (O)