Con la aprobación por la Asamblea Nacional del proyecto del Ejecutivo de una ley para perseguir las economías de las estructuras criminales, aun si ha recibido algunas modificaciones que la atenúan, se inicia un nuevo camino que prescinde de garantías básicas de los derechos universales, como la de no ser arrestado, su domicilio y su correspondencia respetados, sin orden judicial.
Se está autorizando la violación de derechos garantizados por la Constitución actual y por las antiguas, y que son ya parte de nuestro derecho tradicional, consuetudinario, y lo son del derecho de los Estados democráticos.
De lo más absurdo es que se pretenda reemplazar la autorización judicial por los informes de inteligencia de las fuerzas del orden: primero va preso y reclama después, como en las dictaduras militares del pasado, pero que al menos no pretendían actuar en nombre de la ley. El solo recuerdo de los chicos de Las Malvinas, asesinados impunemente, es una lección.
El conferir el perdón, el indulto, anticipado contradice al derecho universal. Queda así suprimida la norma centenaria del habeas corpus. Por dar poderes excesivos a las fuerzas del orden, se dio lugar, en Colombia, hace pocos años, a los llamados falsos positivos, por los que se asesinaba a campesinos inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y cobrar la recompensa. Hay varios miles de casos comprobados de falsos positivos.
Por impotencia ante el avance del crimen organizado, del tráfico de drogas, de la multiplicación de asesinatos, de secuestros, de “vacunas” para extorsionar a los pequeños comerciantes, etc., el Estado no puede renunciar al derecho; se puede endure-
cer la ley, pero no prescindir de ella.
No creo que corrija lo que vivimos la instalación de bases militares como la Base de Manta, que absolutamente nada aportó a la reducción de los delitos: más bien los aumentó, y se redujeron cuando se fueron. En numerosos artículos, entrevistas de prensa, de radio y televisión, me opuse a su instalación y a la presencia de la compañía de mercenarios que trajeron, la DynCorp, que dejó el país por la reacción nacional y fueron reemplazados por otra compañía similar, la Blackwater, que limitaría sus tareas “a limpieza y mantenimiento”. Esa es la actual del señor Eric Prince, que ahora regresa al país para “entrenar”, privadamente, a nuestra fuerza pública, sin la garantía del Gobierno de los Estados Unidos a sus procedimientos.
También está en trámite, en paralelo a esta ley de solidaridad, una de Inteligencia, que deberá ser analizada en profundidad, para que no sea un instrumento para la violación de las garantías constitucionales.
Tan o más importante que la sabiduría de las leyes es la depuración del sistema judicial tan venido a menos en este siglo. Miramos incrédulos que los jueces ordenan que se incineren documentos de prueba. Simultáneamente, hay que proceder a la depuración policial.
Que la lucha contra el crimen organizado no degenere en un sistema fascista. Tremenda responsabilidad de la Corte Constitucional. (O)
