Lo que voy a decir no sonará popular entre supuestos analistas que proliferan los medios estos días, pero lo voy a decir igual: la pregunta sobre la posibilidad de tener bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano debería recibir un rotundo no. Basta un básico análisis de riesgo para reforzar esta tesis. Empezando por el mejor escenario –el positivo– tendremos un par de instalaciones logísticas, supongo estadounidenses, que ayudarán a localizar y eliminar bandas criminales reales y potenciales. Solo usando reportes estadounidenses presentados por el senador republicano Rand Paul, 25 % de esos “objetivos” son generalmente falsos positivos, entonces ¿quiénes se harán cargo de esas víctimas? Recordemos que todo operativo militar estadounidense –transitorio o permanente– demanda inmunidad absoluta para todos sus operadores. Hoy estamos viendo en tiempo real cómo esos “operativos” unilaterales en el Caribe (venezolano como mexicano) y en el Pacífico (colombiano como panameño) han resultado en alrededor de 61 muertos sin que hasta la fecha el Pentágono se haya molestado en presentar alguna prueba de los delitos –por más espuria que sea–. Y aunque las élites ecuatorianas no tengan preocupación alguna por potenciales bajas colaterales, sí deberían preocuparles las consecuencias de no institucionalizar las capacidades de las fuerzas del orden ecuatorianas para combatir el crimen por sí mismas.
Pero empresarios y tomadores de decisión responsables también deben contemplar riesgos mayores. Y el peor escenario ha empezado a correr en tiempo real. Para empezar, el potencial candidato a poner estas bases,
EE. UU., ha dejado de ser el gran defensor de la democracia y los derechos humanos. Está sistemáticamente violando el Estado de derecho en su propio territorio. Esperar entonces que se someta a reglas y al derecho internacional es ilusorio. ¿Qué pasaría si un gobierno de otra tendencia usa el cambio para invitar a otra potencia como Rusia, por ejemplo?
Y si fuera tan fácil concretar cooperación efectiva o acuerdos comerciales significativos, estos ya hubieran sucedido, dadas las afinidades ideológicas y personales de Daniel Noboa con el presidente Trump. Si el Ecuador está en el mejor momento de su relación, al menos parte de la cooperación militar y de desarrollo que acaba de perder Colombia (más de
$ 500 millones) ya habría sido asignada a este país. La canciller ya habría demostrado su destreza si hubiese conseguido en sus dos años de ejercicio al menos un décimo de lo que Argentina logró en dos meses. En síntesis, la potencia más grande del planeta no cambia de opinión porque se le mande un guiño constitucional. Pero hay un peor escenario a considerarse. Instalaciones que terminen siendo cabeza de playa para ataques sistemáticos violentos a socios y vecinos latinoamericanos con quienes tendremos que lidiar por siempre, dañando de paso el mejor capital natural y turístico que tiene el Ecuador, las islas Galápagos. Las consecuencias para una economía tan pequeña e interdependiente, como la ecuatoriana, serían catastróficas. Simple análisis de riesgo y miren que no he mencionado los conceptos de soberanía o autonomía relativa una sola vez. (O)
