Habiéndose confirmado la presencia de un brote del mal, la lucha frontal debe concentrarse en contener su avance, aplicando protocolos exitosos ajustados a la realidad nacional, a sabiendas de que el maligno, artero como ninguno, tiene sus trampas para burlar barreras de bioseguridad, pero hasta tanto no se cuente con reemplazos varietales resistentes comerciales, solución definitiva que ya se ensaya en otras latitudes, se deben tomar precauciones como el uso de productos a base de concentrados vegetales o microorganismos, que les den a los suelos un carácter supresivo que impida la penetración a las plantas, evitando su propagación, en espera del ansiado reemplazo varietal paulatino, alcanzable como tarea nacional.
Evitar una catástrofe productiva bananera es un reto ecuménico por el daño que causaría a millones de pequeños cultivadores, al empleo pleno y a la seguridad alimentaria. Ecuador carece de recursos para afrontarla por sí solo, mucho menos productores ecuatorianos. Se tiene claro lo que corresponde realizar, restando identificar una real solución financiera, que se formula en esta nota, consistente en la creación de un fondo no gubernamental y apolítico, para prevención e investigación, que se enriquezca con aportes foráneos no reembolsables, comenzando con la Unión Europea (UE), para que reoriente el saldo de la negociada desgravación arancelaria por la importación bananera, estabilizada en 75 euros por tonelada desde el año 2020, hacia ese fondo. Expertos calculan un valor cercano a los 20.000 millones de dólares el arancel cobrado desde el inicio, cuando era superior a 170 euros por tonelada, conceptualizado, con razón, como una transferencia de la renta bananera a favor de Europa, que redujo ingresos a agricultores y sus naciones. Dado el peligro existencial que se cierne sobre el cultivo que nutre a millones de personas y sostiene a economías enteras en el trópico, es justa y equilibrada la fórmula señalada, merece que las autoridades públicas la acojan e impulsen con fervor patriótico.
Esos 75 euros servirían para frenar al patógeno, esa pretensión se basa en un derecho histórico, porque la UE recaudó durante décadas miles de millones de euros por aranceles al banano sembrado en países tropicales vulnerables como Ecuador, mayor exportador mundial. Alcanzar esta asignación no es un acto de mendicidad, sería una reparación por corresponsabilidad fitosanitaria, si Ecuador colapsa, también lo hará la UE por reducción de abastecimiento y elevación de precio por escasez de su fruta preferida. Cofinanciar la prevención sería menos engorroso para la industria global que enredarse en una crisis social con desocupación de millones de personas, cuyo pesaroso final sería migrar hacia el norte y a Europa, trastocando los planes de seguridad alimentaria e irrogando descalabros financieros a sociedades agrícolas de todo nivel. La Unión Europea no necesita ese saldo, su obligación moral es proteger al banano. Exhortamos a los gremios, a profesionales del sector, a la academia, en especial a la Universidad Agraria del Ecuador y otras de tinte agrícola, a que opinen con altivez sobre esta iniciativa. (O)