Somos un numeroso grupo de jubilados de la Universidad de Guayaquil que a partir del 2010 hasta la fecha no recibimos el pago de nuestra jubilación complementaria que nos corresponde recibir por ley y por ser un derecho adquirido y reconocido por dicho centro de estudios superiores desde hace más de 30 años.
Este derecho ya nos fue reconocido en sentencia dictaminada por la jueza Cuarta de Tránsito del Guayas, dentro de la Acción de Protección n.º 407-2009, que demanda su cumplimiento; y también en sentencia constitucional n.º 001-13-SIS-CC con efecto inter comunis, de fecha 17 de julio de 2013 dentro del caso n.º 0015-12 por incumplimiento; pero que la Universidad se niega a acatar íntegramente, por cuanto en el 2020 y el 2021 nos comenzó a pagar la pensión mensual, faltando la pensión jubilar retroactiva desde el año en que nos jubilamos.
En diciembre del año 2021, sin ningún argumento jurídico ni legal, la Universidad de Guayaquil nos suspendió el pago mensual, ya son 1 año y 6 meses de morosidad. A pesar de los insistentes reclamos de los jubilados, nos desconoce que nosotros hemos dado 30, 40 y hasta 50 años de servicios, trabajos y de nuestra existencia a la institución. Los jubilados somos personas de la tercera edad, la mayoría padece de enfermedades catastróficas y aproximadamente un 15 % ha fallecido sin gozar de este derecho (pensión jubilar retroactiva).
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Aprovechamos el espacio de cartas de Diario EL UNIVERSO para solicitar a la Corte Constitucional que proceda a conminar a directivos de la Universidad, al pago inmediato de los 10 años adeudados de jubilación complementaria a todos sus jubilados, so pena de la aplicación de lo que manda la Constitución (destitución de cargo o empleo) en el artículo 86 numeral 4. (O)
César O. González Rodríguez, abogado, jubilado de la Universidad de Guayaquil
