Las universidades, en cualquier país del mundo, tienen un papel fundamental en el desarrollo y en la estructuración de la sociedad. No hay desarrollo sin la participación de profesionales aptos y bien formados tanto en el campo técnico como en el campo social. Los conocimientos que se imparten son parte de la obligación de la universidad.

El lanzar a actuar en la sociedad a profesionales débiles, que a la menor presión de su filiación política o de la tentación de dinero fácil abjuren de sus principios, es de por sí una irresponsabilidad para con la sociedad. Si los centros de educación superior asumieran su responsabilidad en los casos en que cualquier profesional demostrara un claro desvío respecto de sus conocimientos o de su rectitud moral, deberían retirar los títulos obtenidos en sus aulas. Es la única manera de impedir que sigan actuando con falta de decoro y con desprestigio para la profesión y para los centros que les otorgaron los títulos. Actitudes firmes como esta sugerencia van a evitar que muchos de los profesionales que han mostrado que sus conocimientos son nulos (caso de ciertos jueces), o que para ellos sea más importante su filiación política que el derecho mismo (los mismos jueces), deberían ser un ejemplo del decoro de las universidades y tomar acciones en que reconozcan su error y que eviten mayores perjuicios a la sociedad que sostiene esos centros de educación superior. No se quedan atrás ciertos jueces de la Corte Suprema que se ahogan en dilucidaciones de ‘derecho’ y dejan de lado el sentido común para escudar sus faltas de decisión y su irresponsabilidad.

Cada universidad debe revisar su grado de responsabilidad para que las nuevas generaciones de profesionales no caigan en esas ‘tentaciones’ de torcer los conocimientos para favorecer a sus preferidos, o a sus bolsillos, o a ambos. (O)

José M. Jalil Haas, ingeniero químico, Quito