Los jubilados de la Universidad de Guayaquil (UG) estamos en total indefensión porque la Corte Constitucional, el 10 de noviembre, emitió una disposición confusa, contradictoria a sus propias resoluciones anteriores que ordenaban a dicha universidad pagarnos la jubilación patronal en la forma que se venían percibiendo.

La renuencia a pagar, de ciertos rectores encargados por la Comisión Interventora, y los pretextos de que no existen las partidas (sin embargo, se devolvían algunos millones, al final del año, del mismo presupuesto general), han sido motivos de lucha de nuestro gremio de jubilados que consiguió que muchos de nuestros miembros obtuvieran su liquidación y pago (cosa juzgada, un derecho adquirido). Pero esta Corte Constitucional ahora ordena a la anterior infractora, la UG, que en todo lo relacionado al pago de la jubilación patronal realice lo que mejor le parezca, echando a la basura lo actuado con anterioridad y dando golpe de gracia a este proceso que duraría como mínimo siete meses (tres meses de acreditación y cuatro meses de un censo de jubilados), tiempo en el cual muchos jubilados habrán fallecido, como está sucediendo, o estaremos enfermos. ¿Cómo ocurre semejante desatino? ¿Son capaces de rectificar estos señores de la Corte Constitucional? ¿No hay instancia nacional donde acudir para que ayuden a los jubilados? (O)

Rafael Ignacio Aguirre Navarrete, neurólogo, Guayaquil