Mucho se habla de reducir el gasto público y, sin duda, el tamaño del Estado debe entrar a una verdadera revisión técnica para que, sin afectar la funcionalidad de las diversas instituciones y empresas públicas, se cumpla con la labor para la que fueron constituidas. Vale destacar que algunas de estas empresas e instituciones nunca debieron existir desde el principio.
Ahora bien, siempre se piensa cuando hablamos de reducción en el Gobierno central y por supuesto que existen áreas que no deben afectarse, como educación, salud y seguridad, en las que incluso deberíamos pensar un incremento porque si los comparamos con los países vecinos nos encontramos por debajo de las medias regionales con respecto a la cantidad de docentes, médicos y policías en relación al tamaño de la población. Pero no solo ahí está el problema.
Como país también debemos reducir el tamaño de los gobiernos locales, donde el clientelismo político se evidencia en el exceso de personal en casi todas las áreas. Por ejemplo, como encontrar en una recepción hasta cuatro personas o funcionarios que no están haciendo nada en las oficinas, o que ni siquiera tienen un computador; todo esto se traduce en que muchas prefecturas y municipios destinen entre el 70 % y 80 % de su presupuesto anual a pagar solo sueldos, dejando casi nada para obra pública, que es lo que requieren los ciudadanos de estos cantones.
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¿Qué tan dispuestos están realmente los gobiernos y autoridades seccionales en emprender una reducción de su tamaño?
Si se trata de “sacrificios”, no solo el Gobierno central y la ciudadanía deben hacerlo, sino también todos los niveles de Gobierno. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
