Como de ‘escuelita cómica’ calificó la alcaldesa de Guayaquil a la reunión de alcaldes de todo el país, efectivizada el 6 de junio de 2022 por invitación del presidente de la República... Si no ha habido hasta hoy predisposición por prodigar recursos económicos para enfrentar la delincuencia, precisamente porque no los hay, las buenas intenciones quedarán solo en eso, en expectativas, lirismos, pérdidas de tiempo. Y si hubiese recursos, entonces lo más fácil sería distribuirlos sin necesidad de convocar a estas tertulias nimias donde parece que el propósito es delegar responsabilidades a los GAD, sobrecargados de extras y extrañas competencias.
El Estado mantiene una sustancial deuda con los GAD, desde hace algunos años..., debiendo estos enfrentar el reto de la distribución de los pocos recursos en una época donde todas las necesidades son prioritarias. En algunas ciudades ni siquiera el estado de excepción ha dado resultado, ni la presencia del ejército y de la policía ha sido disuasiva. La delincuencia, el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, etc., son expresiones espinosas que hay que pronunciarlas en voz baja; pero las acciones estatales y estratégicas para combatirlas deben ser contundentes si no se quiere agudizarlas en el corto plazo.
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Cierto es que se debería estudiar la multiplicidad de causas y agravantes desde una óptica político–social y emprender perentoriamente con las providencias más acertadas, pero eso conllevaría a una restructuración de las bases legales que sostienen a esta débil democracia y a descartar la Constitución vigente y volver a la del año 98; esto, en la práctica, tal y como se manejan los poderes del Estado resultaría difícil. Ahora, con la aprobación de la Ley de Aplicación Progresiva de la Fuerza, esperamos frenar a quienes creen que pueden estar al margen de la ley. (O)
Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues