A pesar de los últimos cambios que existieron en el CPCCS, como la nueva mayoría en el pleno, nuevas autoridades y el ingreso de un nuevo consejero; este consejo no alcanzará a renovar parcialmente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Es decir, serán los mismos consejeros del CNE quienes, por el favor de la calendarización electoral, continuarán en funciones prorrogadas. Serán entonces los mismos consejeros quienes tendrán que enfrentar aquellos retos que han arrinconado a la democracia; entre estos retos están las reformas al Código de la Democracia, violencia política, violencia de género, formación en democracia, voto telemático e inteligencia artificial en los procesos electorales.
Puesto que es obligación de la máxima autoridad del CNE dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización, información, recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y demás sistemas administrativos. Así como también identificar y analizar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Los fallidos proyectos ]tecnológicos lanzados por el CNE, como el voto telemático, no corresponden a meros gastos, sino que podrían acarrear responsabilidades civiles, penales y administrativas culposas, por lo que los consejeros como mínimo tendrían pendientes con la Contraloría General del Estado.
Publicidad
El CNE pide al Ministerio de Economía que acredite pagos por los procesos electorales del 2023
El CNE debería presentar ante la nueva Asamblea Nacional un cúmulo de propuestas de reformas al Código de la Democracia. Es decir, los consejeros ya deberían tener preparado las modificaciones en la ley que les permita realizar acciones eficaces y preventivas para levantar el velo de la impunidad y poca transparencia, y de esa manera enfrentar los retos del periodo electoral 2024 - 2025.
Además, el CNE debe empezar a dialogar de lo que no quiere dialogar, como lo es la manifiesta intervención del crimen organizado en los procesos electorales, o la forma como estos grupos criminales impiden postulaciones y amedrentan candidaturas; también las responsabilidades administrativas culposas en el grado de inobservancia de disposiciones legales; y, por su materialidad y por el riesgo e impacto en la democracia, el poco avance en la formación nacional en democracia a los ecuatorianos, recordándoles que la formación democrática abrirá horizontes y serán verdaderamente libres los ecuatorianos para vivir la democracia. (O)
Raúl Ernesto Santamaría Salazar, abogado y magíster en telecomunicaciones, Guayaquil
