En un sistema democrático como el que rige nuestras normas de convivencia, el respeto al derecho de todos debe ser lo que prime.
Cualquier grupo de ciudadanos que no esté conforme con las políticas de administración que decida el gobernante de turno, elegido en forma mayoritaria por los habitantes con derecho a voto, tienen derecho a disentir, pero sin afectar los derechos de los demás habitantes, entre ellos, el derecho a la libre circulación, el respeto a los bienes –públicos y privados–.
Cuando a pretexto de la protesta social se afectan bienes de otros, el Estado está en la obligación de preservar el respeto a los afectados, y responder mediante el uso progresivo de la fuerza que no significa darse de palos y balas en calles, porque siempre serán terceros inocentes las víctimas de estas contiendas, casi siempre en vía pública.
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Los manifestantes que hacen uso de la violencia deben ser reprimidos, primero físicamente usando todos los medios que le dio la sociedad a los agentes del orden, y si hay detenidos, puestos a órdenes de la autoridad, para el respectivo juzgamiento y la correspondiente condena, respetando las decisiones de los fiscales y jueces que son las personas llamadas por la sociedad para estos fines.
El que protesta, afectando los bienes de otros, debe ser castigado con el rigor que la norma legal ha establecido para estos eventos. (O)
Pedro José Cedeño Cedeño, abogado, Guayaquil
