Desde el día que fue destituida la superintendente de Bancos he estado reflexionando respecto al papel que cumplen las diversas superintendencias. Por mi actividad profesional he tratado con varias, hoy en particular quiero citar el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Resulta que por mi función de auditor en una cooperativa de transporte realicé una consulta el 21 de diciembre de 2021 y hoy a dos meses de realizada, me contestan que no pueden absolver mi consulta porque el oficio que envié escaneado por el propio sistema de la SEPS tiene mi firma como imagen. ¿No les parece inaudito que para que me den esa contestación tan absurda se hayan tomado 60 días? En plena era ecológica me exigen que imprima el documento, lo firme y escanee, ¿acaso el documento escaneado no es una imagen? Desempeño mi profesión en cooperativas de transporte en las que a diario me informo de problemas como la eternización de dirigentes, los abusos a los recursos económicos aportados a las cooperativas por los socios, los abusos de poder contra socios que reclaman sus derechos y no pueden tramitar las denuncias ante el ente de control, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque los centros de mediación del Consejo de la Judicatura no atienden las solicitudes; y una de las exigencias de la SEPS es adjuntar dos actas de centros de mediación, el de la propia cooperativa (casi ninguna lo tiene) y la de un centro de mediación del Consejo de la Judicatura; con una sola, no le dan trámite a la denuncia. Por eso me pregunto, ¿sirven de algo las superintendencias? (O)

Luis Felipe Vizuete Santos, ingeniero comercial y contador, Guayaquil