La Constitución del 2008 establece una serie de derechos, algunos le llaman prebendas, de los pueblos y nacionalidades indígenas que tienen colectivos reconocidos y garantizados, cuyo objetivo fundamental es lograr que los pueblos indígenas puedan vivir con dignidad, conservar sus culturas y desarrollarse de acuerdo con sus propias necesidades. Se resalta su libre determinación política y su propio desarrollo económico, social y cultural, pueden ejercer sus propias funciones jurisdiccionales, entre otros derechos, lo cual no admite discrepancia alguna en el estricto sentido de la letra muerta.
Considero que la dirigencia indígena a lo largo de los años ha defendido sus agendas personales en el ámbito económico y político y por lo tanto ha distorsionado los derechos de los pueblos indígenas ancestralmente obtenidos, y consideran que el resto de la población debe allanarse a sus pensamientos cuando están en desacuerdo con alguna decisión del Gobierno central, tal cual ocurre al momento con la eliminación del subsidio al diésel e inician una serie de actos que pueden considerarse vandálicos o terroristas, que terminan distorsionando el derecho a disentir, mientras sus pueblos continúan padeciendo de necesidades básicas para su supervivencia.
A propósito de la paralización actual, focalizada en el norte del país, más que una discrepancia aceptable y democrática, parece una actividad de chantaje y un ataque hacia los bienes particulares.
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Diferentes sectores de la población solicitan un diálogo franco, sincero y frontal sin condicionamientos como un mecanismo idóneo para resolver una diferencia, sin embargo, la dirigencia de la Conaie increíblemente ha manifestado estar de acuerdo siempre y cuando cesen los actos de violencia de la Policía y el Ejército, que solo tratan de preservar el orden y los bienes públicos y privados. Además, la Constitución establece el mecanismo para poder manifestar nuestra inconformidad a través de procedimientos muy conocidos como marchas pacíficas, amparos constitucionales, acciones de protección, etc., y no a través de amenazas o actos vandálicos o terroristas.
Bajo estas circunstancias al Gobierno solo le cabe aplicar lo que ha mencionado en varias ocasiones en el sentido de que a los que optan por la violencia los espera la ley y a los que actúan como delincuentes serán tratados como tal, como parte de un mecanismo para lograr la paz. Esperemos que esta sea la oportunidad para que los pueblos indígenas entiendan, de una vez por todas, el rol que deben cumplir en la sociedad. (O)
Jacinto Rivero Solórzano, ingeniero civil, Guayaquil
