La impunidad en la que autoridades del Estado han dejado a los responsables de los daños y perjuicios causados a los bienes públicos, privados, y personas durante manifestaciones y paros indígenas en años anteriores, sumada la amnistía que con visos de constitucionalidad dejó en libertad a delincuentes, ha permitido que dirigentes indígenas piensen que pueden atentar sin ninguna responsabilidad contra las vidas y propiedades, y que el ‘éxito’ de sus levantamientos sea la toma de la capital Quito (cuyos pobladores dieron el triunfo electoral al actual Gobierno), y su trofeo del vandalismo enardecido.

A las instituciones y las universidades privadas y del Estado les tienen que prohibir que presten sus instalaciones para que sirvan para resguardo y apoyo de los manifestantes, a riesgo de ser declarados cómplices de quienes delinquen y atentan contra el pueblo.

En el cierre de las carreteras de las provincias, en sectores estratégicos que dan acceso a distintos cantones y parroquias, los delincuentes manifestantes continúan realizando chantajes y extorsiones a las personas que se movilizan en vehículos y a pie, a las cuales para permitirles el paso les exigen cantidades de dinero a pretexto de mantener o financiar el paro. No dejan circular a los vehículos que transportan a los mercados, alimentos, con objeto de que las ciudades no tengan comida. Dichos productos se descomponen en los vehículos y se desabastecen los centros de distribución y comercialización. Esto es inaudito en un país civilizado, ¿o es que dejamos de serlo desde cinco décadas atrás? La Fiscalía General del Estado debe emprender una prolija investigación a los culpables, a fin de que respondan personal y económicamente por los daños y perjuicios y sean encarcelados. (O)

Gustavo Eliecer Chiriboga Castro, abogado y economista, Quito