En Ecuador se ha abierto nuevamente la puerta a una Asamblea Constituyente. La Corte Constitucional, tras múltiples negativas previas, dio paso a la posibilidad de que el pueblo decida si quiere redactar una nueva carta magna. La pregunta es inevitable: ¿quiénes deben sentarse a esa mesa histórica?
Hoy, la ley apenas exige ser mayor de 18 años y tener derechos políticos. Pero todos sabemos que eso es insuficiente. Redactar una Constitución no es un ejercicio improvisado: es diseñar el contrato social que nos regirá por décadas. No basta con juventud y entusiasmo; se necesita preparación, experiencia y, sobre todo, integridad.
Ecuador frente al espejo de la Constitución
Un constituyente debería representar mucho más que un escaño ganado en las urnas. Necesitamos juristas especializados en derecho público y tratados internacionales; politólogos y sociólogos capaces de repensar la estructura del Estado; economistas que garanticen sostenibilidad fiscal; expertos en derechos humanos que aseguren respeto al ius cogens; académicos ambientales que incorporen la defensa de la naturaleza; planificadores territoriales que fortalezcan la descentralización; y especialistas en justicia y criminología que respondan a la crisis de seguridad.
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Pero tampoco basta con los constituyentes electos. El proceso requiere apoyo técnico: una unidad de redacción constitucional que evite ambigüedades, asesores en derecho comparado, que aprendan de experiencias previas, equipos económicos capaces de medir impactos y expertos en participación ciudadana que mantengan vivo el vínculo con la sociedad.
Además de títulos y credenciales, el constituyente ideal debe encarnar valores. La nueva Constitución no puede construirse desde la imposición de mayorías, sino desde la búsqueda de consensos. Se requiere visión sistémica, ética pública, sensibilidad intercultural y una capacidad de negociación que trascienda intereses partidistas.
Ejemplos de perfiles ideales ilustran este camino: un jurista constitucionalista con experiencia académica o judicial; un economista en finanzas públicas con trayectoria en organismos multilaterales; un experto en derechos humanos con reconocimiento internacional; un académico ambiental comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible; un líder comunitario o indígena con experiencia en autonomía y participación; e incluso un joven profesional en innovación tecnológica y democracia digital, capaz de conectar la Constitución con las nuevas formas de gobernanza.
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¿Es hora de una nueva Constitución?
El riesgo de una Constituyente improvisada es altísimo: repetir errores del pasado, fracturar aún más la institucionalidad o producir un texto inviable. En cambio, la oportunidad es única: modernizar el Estado, fortalecer derechos, generar confianza y dejar un legado intergeneracional.
En resumen, aunque formalmente cualquier ciudadano mayor de 18 años puede ser constituyente, el desafío nacional exige mucho más. El Ecuador necesita representantes con conocimientos, valores y visión de Estado. No se trata de llenar escaños, sino de garantizar que quienes los ocupen estén a la altura de la historia. Porque redactar una Constitución es mucho más que legislar: es decidir el futuro del país. (O)
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Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán
