En el caso de la vicepresidenta de la República, el Gobierno nacional viola la Constitución y obliga a su subalterna, la ministra del Trabajo, también a vulnerar las disposiciones de la carta magna. El accionar de estas autoridades viola el artículo 83 de la Constitución, que en su literal 1 manda a acatarla y cumplirla. El artículo 147 en su numeral 1 dispone que el presidente de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como las leyes del ordenamiento jurídico del país. El artículo 149 dispone que quien ejerza la Vicepresidencia de la República estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones que el presidente desempeñando sus funciones por igual periodo. La ausencia permitida por la Constitución para el cargo de vicepresidente es de noventa días y no de 150 días, sanción que tampoco existe en la Ley Orgánica de Servicio Público, que se la quiere aplicar, burlándose del pueblo ecuatoriano que eligió en las urnas a la actual vicepresidenta. Esa resolución de sanción que de ninguna manera se ajusta a las disposiciones constitucionales, es nula, sin ninguna eficacia jurídica, como lo manda el artículo 424 de la misma Constitución. El nombramiento de una nueva vicepresidenta también es nulo, porque esa figura no existe en la normativa constitucional y se está adjudicando atribuciones que no las tiene el presidente.

Los delitos de odio y discriminación

Además, la resolución del Ministerio del Trabajo no se encuentra motivada, no existe la pertinencia de su aplicación a los hechos, como lo manda la misma Constitución en su artículo 76, numeral 7, literal l, cuando se omiten las disposiciones constitucionales para su elaboración, y al no encontrarse verdaderamente motivada la resolución que no se ajusta a la Constitución ni a las ley que invocan, deben ser sancionadas las personas que la elaboraron con la destitución de sus cargos. Que no nos vengan ahora a decir que el presidente no sabía, y que no permitiría la violación a la Constitución y a la Ley. Los ecuatorianos ya dejamos de ser ingenuos y queremos que se respete la Constitución. (O)

Gustavo Chiriboga Castro, abogado y economista, Quito