Mientras Ecuador se debate entre el ‘sí’ y el ‘no’ en la consulta popular, una pregunta inunda la mente de muchos ciudadanos: ¿realmente necesitamos una nueva constitución o simplemente nos falta voluntad política para aplicar la actual? De hecho, solo basta observar la brutal diferencia entre el texto y la realidad, pues aunque el proyecto de constituciones comparadas ubica a nuestra Constitución en cuarto lugar mundial por su amplitud de contenido, esto no garantiza la efectividad o su cumplimiento.
Un claro ejemplo es la contradicción en los derechos de la naturaleza. El artículo 71 nos convirtió en pioneros al reconocerlos, inspirando fallos como el del río Vilcabamba. Sin embargo, el artículo 407 prohíbe la extracción en áreas protegidas, pero simultáneamente la permite por “interés nacional”. Esta ambigüedad nos deja en un limbo: ni se protege el ambiente, ni se atrae inversión.
Ecuador, una nueva oportunidad
El Yasuní-ITT fue la prueba inicial de este fracaso. La propuesta de dejar el petróleo bajo tierra a cambio de compensación internacional solo recaudó $ 13 millones, antes de autorizar la perforación en 2013. Lo que se presentó como un acto de soberanía ambiental reveló un vacío jurídico y político.
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Las consecuencias han sido tangibles. En 2019, Ecuador captó apenas $ 619 millones en inversión extranjera directa, frente a los 8.892 de Perú y más de 10.797 de Chile; esto debido a falta de confianza y a un marco jurídico incoherente que no protege del todo a la naturaleza, pero sí ahuyenta capital.
Ecuador no necesita necesariamente una nueva Constitución, sino coherencia entre lo escrito y lo aplicado. No se trata de reformas puntuales, sino de resolver contradicciones como la del art. 407, que quiere ser todo y termina siendo nada. El art. 71 es innovador, pero sin un marco jurídico coherente, se reduce a poesía en papel. (O)
Víctor Alfonso Cedeño Bravo, Guayaquil
