Ecuador atraviesa hoy el momento más crítico de su historia republicana contemporánea. Al cumplirse casi medio siglo desde aquel esperanzador retorno a la democracia en 1979, el país no solo lucha contra la corrupción sistémica, sino contra la erosión definitiva de su soberanía institucional. El diagnóstico es severo: la transición de un Estado de derecho a lo que muchos técnicos califican hoy como un ‘narco-Estado’ no fue un accidente, sino el resultado de una arquitectura legal que terminó por desarmar a la nación ante el crimen transnacional.
La ruptura del orden constitucional en 1997, con la destitución de Abdalá Bucaram bajo la dudosa figura de “incapacidad mental”, marcó el fin de la estabilidad formal de los años 80 y 90. Ese precedente instaló una cultura política donde la conveniencia del momento se impuso sobre el procedimiento legal, abriendo una herida por donde se filtró la desconfianza ciudadana y la impunidad.
Sin embargo, el punto de inflexión definitivo ocurrió en 2008. Bajo una retórica de vanguardia garantista, la Constitución de Montecristi introdujo un hiperpresidencialismo que, al capturar los organismos de control mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, anuló el sistema de pesos y contrapesos esencial para cualquier democracia sana. En paralelo, la reingeniería penal que derogó leyes específicas contra el narcotráfico y la operatividad policial, sustituyéndolas por marcos normativos laxos y modelos de “ciudadanía universal”, creó el ecosistema perfecto para la expansión de las mafias. Lo que se promocionó como humanismo jurídico, en la práctica, es una invitación abierta al crimen organizado para anclarse en el territorio.
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Ahora, en enero de 2026, las consecuencias son palpables. El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta una realidad de “micro-Estados” y “santuarios” criminales donde la ley de la república no llega. Aunque el despliegue de más de 10.000 militares en provincias como Manabí y Guayas busca recuperar el control físico, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) sigue luchando por ser operativo en un entorno de infiltración institucional profunda. El Estado intenta defenderse con la fuerza, lo que no supo proteger con la ley.
La lección para este 2026 es clara: no habrá paz social ni seguridad ciudadana mientras la estructura del Estado siga siendo funcional a quienes lo atacan. El desafío de este año no es solo militar; es la reconstrucción urgente de un marco constitucional y legal que devuelva a la Policía su capacidad operativa y a la justicia su independencia. Ecuador debe elegir entre restaurar su Estado de derecho o resignarse a ser una geografía administrada por el terror. El tiempo de las reformas cosméticas se ha agotado.
A la erosión institucional y la amenaza del narco-Estado, se suma un componente de degradación interna que paraliza al país: una Asamblea Nacional convertida en un escenario de populismo histriónico y vacuidad técnica. En este inicio de 2026, la Asamblea dejó de ser el epicentro del debate de altura para transformarse, en muchos casos, en un espacio ocupado por figuras cuya principal credencial es la viralidad digital o el caudillismo local, más que la formación jurídica o el compromiso ético. (O)
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Carlos Eduardo Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito
