No fue un activista con pancarta ni una ONG en X, fue la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto del planeta, la que habló el 23 de julio, y no pidió, no sugirió, no recomendó, dijo con claridad que los Estados están jurídicamente obligados a actuar frente al cambio climático. No por cortesía diplomática ni por aspiraciones éticas, sino porque el derecho lo exige. Declaró que el calentamiento global es un “riesgo universal existencial”, causado por la actividad humana, y que no prevenirlo ya no es solo irresponsable, sino ilegal.
Pero el mundo, que se alarma por un peinado mal hecho o un escándalo viral, apenas reaccionó. Un par de titulares tibios, informes técnicos para entendidos, y de vuelta a la rutina. Nadie se detuvo. Nadie se incomodó.
El país requiere un plan de prevención de riesgos
La CIJ fue tajante: los Estados deben ejercer debida diligencia, prevenir daños, regular incluso a empresas privadas y reparar si incumplen. Estas obligaciones no son solo hacia sus propios ciudadanos, sino hacia toda la comunidad internacional. El clima es un bien común, y el derecho ya no permite mirar a otro lado.
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Sin embargo, el silencio ha sido ensordecedor. La prensa no lo cubrió con la fuerza debida. Las ONG miraron para otro lado. Y las universidades, prefirieron callar.
Avisos que generan preocupación innecesaria
Nuestros glaciares se derriten, nuestras costas se inundan, la Amazonía alterna entre incendios y derrames. Los cultivos se pierden, las enfermedades aumentan, las comunidades migran. Y aunque todo eso ocurre en tiempo real, el tema sigue tratado como si fuera secundario. La opinión de la CIJ debería ser un llamado a exigir más acción internacional y también a revisar nuestras propias incoherencias. ¿De qué sirve tener una Constitución que reconoce derechos de la naturaleza si seguimos entregando concesiones extractivas en zonas protegidas o ignorando los derechos de los pueblos indígenas?
Mientras el planeta se recalienta y la justicia internacional dicta doctrina, en Ecuador seguimos discutiendo si construir o no un puente entre Los Ceibos y la vía a la costa. Licencia ambiental va, licencia ambiental viene. Municipio y Prefectura lanzan acusaciones, hacen videos, encargan encuestas. Y sí, los puentes importan. Pero cuesta entender cómo una sociedad que literalmente ve su territorio hundirse dedica más energía a una disputa vial que a exigir políticas reales acerca del medioambiente.
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Turistear en Ecuador: ¿opción solo para “billeteras gordas”?
Ya no se puede fingir ignorancia. (O)
René José Betancourt Cuadrado, abogado internacionalista, Quito
