Luego de una reiterativa del presidente Lasso para que se limpie la justicia de la corrupción, el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha respondido que los jueces del país están realizando un trabajo honesto, técnico y apegado con la ley, y de darse actos reñidos con la moral y la ética, no habrá desde la CNJ el encubrimiento o el mal llamado espíritu de cuerpo, y anunció la creación de una bitácora jurisdiccional para que los abogados conozcan los criterios que tienen los jueces sobre diferentes puntos, jurisprudencias obligatorias, vinculantes, etc.
Sobre esto último, tengo claro los criterios de operadores de justicia, que sus sentencias y como precedentes jurisprudenciales –salvo excepciones– dejan mucho que desear al quebrantar la ley y la seguridad jurídica, y fue más evidente en el régimen autócrata correísta, que con lema ‘el Estado soy yo’ presionaban a jueces quienes bajo estado de lex fobia, unos con síndrome de espantomanía y otros lisonjeros con deliriomanía, dictaban írritas sentencias. En este conjunto están los que imparten justicia con discapacidades auditivas (661 funcionarios judiciales con carnés de discapacidad), pero diligentes para importar vehículos de lujo exonerados de impuestos (tema quedado en olvido). ¿Será justo que haya juzgadores dictando exiguas penas con multas irrisorias por casos de peculado bajo figuras de ‘asociación ilícita’ o ‘prevaricación’ cuando el fondo del delito es corrupción? Sin desatendernos del actual caso Emilio Palacio y Diario EL UNIVERSO, secuela de abuso de poder político por flagrante persecución judicial, cuyos írritos fallos con violación a la ley sigan sentados en libros y archivos judiciales como ‘jurisprudencias’, en vez de ser borrados de sus registros; y lo más grave es que ciertos jueces de esas sentencias ilegales continúen en funciones dizque impartiendo ‘justicia’. (O)
Víctor Miguel Orellana León, abogado, Guayaquil
