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¿Cómo ‘repartir’ la vacuna?

Tema complicado. El objetivo es vacunar a toda la población en los plazos más breves y que la gente de más bajos recursos la reciba gratuitamente. Pero aparece la esencia de la vida: escasez. No todas las vacunas están disponibles inmediatamente, la logística tiene obstáculos, no todos quieren vacunarse, caducan y debe mantenerse la cadena de frío, pero también hay otro factor: no todas las personas lo valoran de la misma manera (por nivel de ingreso u otras razones, como tipo de trabajo, vivir solos o con personas vulnerables, etcétera).

El método escogido, en general, es que el Gobierno establece listas en función de sus prioridades: en ciertos países las personas de mayor edad por vulnerabilidad, en otros los que salen a trabajar por su exposición y aporte económico, en otros a los urbanos frente a rurales (están más concentrados), etcétera. En Ecuador no están aún muy claras las prioridades (… ¡la verdad: nada está claro!). Otra decisión importante es ¿quién reparte: entidades estatales o privadas? En general se ha optado por lo primero, y será quizás (desgraciadamente) el caso de Ecuador. Finalmente, ¿a qué precio? Y la respuesta general: cobrando poco a todos (o gratuitamente).

En definitiva, los gobernantes deciden cómo se establecen prioridades, precios y las entidades públicas reparten. ¿Resultado inevitable? Primero, es una manera arbitraria de escoger y no hay razón para pensar que el gobernante tiene una sabiduría especial; segundo, hay enormes ineficiencias logísticas (buena parte de las vacunas se quedan en stock más tiempo de lo sensato; y, tercero, hay gente que paga menos de lo que podría y quisiera pagar.

Ante estos tres problemas ¿hay alguna otra opción? Claro, y puede ser coordinada con la anterior. Primera posibilidad: permitir que entidades privadas también puedan vacunar bajo condiciones impuestas por el Gobierno, lo cual es sencillo aunque solo resuelve los problemas parcialmente. Segunda posibilidad: que el Gobierno atienda a las poblaciones más vulnerables y con menores ingresos, dándoles el subsidio que considere correcto, pero que el resto pueda pagar libremente en función de sus necesidades y posibilidades, es decir, que haya gente “que se pueda saltar la fila” pagando más. Sé que esto suena socialmente inaceptable porque uno primero piensa “por qué el que tiene dinero puede tener ese privilegio”, pero el que haya un precio de mercado y unos paguen más que otros genera tres ventajas para todos. Uno, podría parecer que aumenta la inequidad, pero de hecho deja que los (escasos) recursos del Estado se concentren en los más necesitados. Dos, más empresas entran a la producción (o las mismas producen más) generando más competencia con lo cual los precios bajan e incluso los Gobiernos se benefician (porque además negocian de otra manera, con más poder). Tres, las empresas buscan métodos más eficientes de distribución, y así los plazos de vacunación se aceleran. En definitiva, los que sienten “que se les pasaron por encima” terminan vacunándose más rápido y a un precio razonable… Suena políticamente incorrecto pero es un camino muy válido que, sin ser perfecto, es ciertamente mejor y más rápido. ¡Dejar solo en manos estatales nunca es la mejor alternativa, ni ética ni operativamente! (O)

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