Varias organizaciones sociales han anunciado que se movilizarán esta tarde. En Quito, las autoridades están alertas para tratar de evitar que las manifestaciones puedan alterar el orden público debido a la infiltración de grupos violentos.
En las protestas del 2 al 13 de octubre del año pasado, que exigían la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles, por doce días se paralizó el país y se impuso la violencia que ocasionó cientos de heridos, varias muertes y la destrucción de bienes. El Banco Central del Ecuador y el Banco Mundial en conjunto estimaron la afectación en 821,68 millones de dólares en una economía que precisaba aliviar gastos.
Pocos meses después, la pandemia por COVID-19 nos ha vuelto aún más vulnerables. Es de esperar que quienes se manifiesten lo tengan presente, que los gremios sociales de trabajadores y educadores muestren un comportamiento respetuoso hacia los demás ciudadanos, en aras de una convivencia pública civilizada.
La Policía estima que se movilizarán alrededor de cuatro mil personas, y su comandante general, Patricio Carrión, señaló que se ha identificado a posibles infiltrados. El Palacio de Carondelet está cercado por vallas y dispositivos policiales y militares. Las iglesias serán cerradas, en prevención de que se pudiera emular el vandalismo ocurrido en Chile en días pasados.
La Constitución ecuatoriana reconoce y garantiza, en su artículo 66, el derecho de toda persona “a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones” y “a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”. Es deber de las organizaciones que promueven las movilizaciones actuar de manera responsable con un pueblo que no necesita más hechos lamentables ni distracciones desfavorables en la iniciada recuperación productiva; sus dirigentes están en la obligación de desmarcarse y denunciar a actores que pudieran tratar de provocar desde simples incomodidades hasta daños materiales y humanos de diversa magnitud. (O)
